La practica de negar información pública como política sistemática que aplican todas las instituciones del Estado venezolano, y que tendría por fin “silenciar” el periodismo crítico y la actividad de las ong’s, denunció este viernesla Coalición ProAcceso en el marco de la presentación de su informe “Impunidad, Censura y Opacidad”.
Investigadores de las organizaciones no gubernamentales Transparencia Venezuela, Ipys y Espacio Público precisaron que tanto el ordenamiento jurídico venezolano como los acuerdos internacionales suscritos porla Repúblicaconsagran el derecho de los ciudadanos a exigir información oportuna de sus gobernantes. No obstante, en Venezuela es el Poder Judicial el que avala, legitima y promueve la opacidad (o falta de transparencia) en la gestión pública.
“La cantidad de barreras que ha puesto el Estado es contrario a nuestro ordenamiento jurídico. El pedir información en Venezuela es casi una condena”, resaltó Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela y vocera dela Coalición.
Las consideraciones de los defensores de derechos humanos estan sustentadas en hechos objetivos que demuestran que existe una intención clara por institucionalizar el hermetismo gubernamental. Una de las pruebas apunta que entre 2001 y 2012 han sido dictadas 22 leyes o reglamentos que en su contenido proporcionan algún apoyo jurídico para justificar la negativa de una autoridad a revelar detalles de su trabajo.
Este entramado legal -sostuvo De Freitas-, que se encuadra en la denominada justicia revolucionaria, persiste paralelamente e incluso avasalla a los instrumentos que sí honran el derecho a exigir rendición de cuentas, los cuales tienen su raíz y sustento enla Constitucióny los tratados de derechos humanos, que invariablemente son pasados por alto en la practica.
“Tenemos un marco legal que parece estar de adorno; evidentemente el Estado esta violando estas leyes”, manifestó la activista.
Entre estas 22 leyes revolucionarias que amparan la opacidad 16 fueron dictadas porla Asamblea Nacionaly 5 son decretos presidenciales.
Destaca la creación del Centro de Estudios Situacionales dela Nación(CESNA) yla Normativade Clasificación y de Tratamiento dela Informaciónenla Administración Pública, “entre otras que ponen en manos de los funcionarios la potestad de entregar o no la información solicitada, así como también vigilar aquella que sea revelada”, señaló ProAcceso.
En contraste,la Comisiónde Contraloría dela ANse ha mostrado perezosa en la discusión de un proyecto de ley de acceso a la información que tiene años en sus gavetas, en cuya redacción trabajó la coalición durante cuatro meses, destacó De Freitas.
Complicidad judicial
Para la directora de Transparencia Venezuela, lo más grave no es la violación dela Carta Magna, sino que el máximo tribunal, que debe garantizar su vigencia y supremacía, sea cómplice y lo permita de manera activa, configurando un patrón de impunidad. Ello se desprende del hecho de que 11 de las 11 acciones reivindicativas intentadas por alguna de las organizaciones que integran ProAcceso, recibieron respuestas negativas de parte del Tribunal Supremo de Justicia o los tribunales ordinarios.
En este sentido, el informe recoge las actuaciones de los magistrados del TJS que han decidido a favor del gobierno y contra la ciudadanía.
Carmen Zuleta de Merchán (Sala Constitucional) sepultó judicialmente la tentativa de las ong’s a conocer el sueldo del titular dela Contraloría Generaldela República; Arcadio Delgado Rosales (Sala Constitucional) avaló que el Ministerio de Salud se rehusara a informar las medidas adoptadas para corregir la presencia de medicinas vencidas reportadas en un informe dela Contraloría.
Otros magistrados mencionados son Francisco Carrasquero (Sala Constitucional), Gladys Guatierrez (Sala Constitucional), y destaca Deyanira Nieves (Sala de Casación Penal) quien justificó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) se niegue a ofrecer cifras oficiales sobre homicidios por disposición del Poder Ejecutivo.
Mencionan también al juez superior Sexto en lo Contencioso-Administrativo de Caracas, José Gregorio Silva Siboney.
Panorama global: censura e indefensión
La situación descrita por los defensores de derechos humanos se encuentra engranada en una línea estratégica-política cuyo fin y consecuencia sería restringir la libertad de expresión e información de los venezolanos.
De acuerdo con lo expresado por De Freitas, se circunscriben a este panorama las trabas y agresiones que año tras año reciben periodistas en ejercicio profesional, de las que entre enero y agosto de este año el Ipys ya ha registrado 22 violaciones.
Además de eso, “en la actuación de ciudadanos, organizaciones y empresas se instala la autocensura por temor a represalias que impidan el acceso a un beneficio social, a permisos, a dólares de CADIVI, a un ataque, expropiación, multas o suspensiones”, agrególa Coalición.
Frente a esto se ha profundizado el estado de indefensión del venezolano de a pie y sus efectos. “El silencio ha sido la norma, lo que ha causado apatía, desinterés y frustración en la ciudadanía, la excusa perfecta para seguir silenciando”, lamentó.
”La imagen es la de sentarse en un cuarto oscuro sin posibilidad de acudir a nadie. Siempre nos quedaba el Sistema Interamericano de DDHH, sin embargo vemos en las ultimas semanas que también se quiere acabar con esa salida que tenemos los venezolanos”, expresó De Freitas.
Finalmente, en nombre de las organizaciones no gubernamentales agrupadas en ProAcceso la investigadora hizo un llamado a la ciudadanía a “derribar los muros de la opacidad” y a no “renunciar a su derecho de exigir a sus gobernantes información oportuna”.
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