La violencia del crimen organizado causó en México más de 7.000 muertos en el primer semestre de 2012, un 10% más que en los seis meses precedentes, según un estudio de la firma Latina Consultores obtenido este jueves por la AFP.
La consultora, dirigida por el experto en seguridad Eduardo Guerrero, cifró en 7.022 las muertes relacionadas con los grupos del narcotráfico entre enero y junio pasados en México, frente a los 6.408 homicidios del segundo semestre de 2011.
Según Lantia Consultores, «el principal detonador de violencia durante el primer semestre de2012 hasido la reactivación del conflicto entre el cártel de Sinaloa y Los Zetas», las dos principales organizaciones del narcotráfico en México, principalmente en los estados del norte, como Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Ciudad Juárez, ciudad del estado de Chihuahua fronteriza con Estados Unidos, fue durante la primera mitad de 2012 la localidad más violenta del país con un total de 510 homicidios.
Estas cifras contradicen las declaraciones hechas a principios de agosto por el presidente Felipe Calderón, quien aseguró durante una reunión del Consejo Nacional Seguridad que los asesinatos relacionados con el crimen organizado habían descendido 15% en el primer trimestre, pero sin dar cifras precisas.
El gobierno de Calderón lanzó al asumir el poder, en diciembre de 2006, una ofensiva contra el narcotráfico con la participación de las Fuerzas Armadas.
El último balance oficial de homicidios causados por la violencia relacionada con el crimen organizado desde entonces llegaba hasta septiembre de 2011 y contabilizaba 47.515 muertos, pero no se han actualizado las cifras desde entonces.
Según Lantia, sobre la base de la tendencia actual de un promedio de más de 1.100 muertos al mes en el último año, el total de asesinatos atribuidos a la violencia de las organizaciones criminales durante el gobierno de Calderón, que concluye el 1 de diciembre próximo, superaría los 60.000.
Enrique Peña Nieto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ganó la elección presidencial del 1 de julio pasado, ha establecido como una de sus prioridades gubernamentales la disminución de este tipo de violencia.
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