Una mujer camina a tientas por la oscuridad, lleva los ojos vendados, reclama ayuda pero nadie se apiada de ella a pesar de que millones de personas la rodean como espectros oscuros y difusos; su andar trémulo y peligroso a la vez que un verdugo la azota por su espalda justo en frente de un despeñadero por donde seguro rodar. Así escenifico lo que sucede en nuestro país en este periodo involutivo.
El sistema de información y libertad de expresión en nuestro país ha quedado reducido a despojos, sombras, a presunción de lo que debería ser, tan relativa como nunca puesto que somos señalados, acusados o vejados por expresar lo que creemos; se nos acosa y hostiga con respecto a lo que expresamos, de esa realidad no se escapa nadie, ni si quiera aquellos quienes se dicen “protegidos” por comulgar con las ideas del gobierno y formar parte de él pero que a las primeras de cambios son echados a un lado cual leprosos en tiempos medievales.
La situación con respecto al control de la información es agobiante. El Estado venezolano poco a poco ha ido cerrando las fuentes de información cubiertas por los periodistas, dificultando así la posibilidad de informar de manera precisa a los ciudadanos con lo cual, evidentemente, se atenta contra el derecho a la información.
De esta situación se han hecho eco importantes gremios y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que en su informe anual 2011, presentado en la primera semana de Abril de este 2012 en su capítulo sobre Venezuela, hace un recuento incisivo de la situación de los derechos humanos y la libertad ciudadana en nuestro país incluyendo, claro está, lo referente a libertad de expresión y acceso a la información.
El citado informe refiere el incremento, en 2011, de las restricciones impuestas a los periodistas para acceder a información en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Palacio de Miraflores, el Ministerio de Planificación y Finanzas, entre otros. En la Asamblea Nacional, a partir de febrero, prohibieron a los periodistas y fotógrafos presenciar los debates legislativos y se les permite seguir las discusiones exclusivamente desde un televisor en las afueras del hemiciclo; incluso el 3 de febrero de 2011, fue suspendido de manera súbita el audio de la transmisión, ante las protestas de los comunicadores un funcionario legislativo los agredió; a uno de los periodistas involucrados en ese incidente, Oliver Fernández, del canal Televén, se le canceló la credencial de acceso a ese edificio público el 21 de febrero.
Dichas restricciones se encuentran amparadas jurídicamente en una reforma del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional aprobada en diciembre de 2010, según la cual la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV) proveerá a las emisoras privadas la señal de las sesiones parlamentarias. Entre enero y septiembre de 2011, organizaciones nacionales defensoras del derecho a la libertad de expresión registraron 21 denuncias de privación al acceso de periodistas a fuentes de información oficial en las que se incluyen por un lado limitaciones para ingresar a edificios públicos y por otro discriminaciones a medios de comunicación privados para participar en conferencias de prensa de organismos públicos.
Incluso en la función administrativa, el Estado ha incurrido en graves faltas al informar oportunamente a los ciudadanos sobre incidencias de interés particular. El informe refiere una evaluación de los sitios web de 28 instituciones públicas efectuada durante octubre de 2011 la cual reveló que ninguna entidad cumple con los estándares establecidos en la Ley Modelo para el Acceso a la Información Pública, aprobada por la Asamblea General de la OEA en 2009.
Entonces, valga la pregunta ¿Sobre qué se informa en el país? ¿Qué significado tiene la información que fluye en los medios de comunicación que cual maromeros logran hacer su trabajo aún con el irrespeto a su profesión del cual son objeto a diario por parte de un Estado abusivo? No pongo en tela de juicio el trabajo de los periodistas, me refiero a la información que se nos es permitida conocer al negarnos las fuentes desde donde se origina la noticia y pasando por los filtros rigurosos de los controles estatales. Es decir, sabemos sólo lo que se nos permite conocer, lo que conviene, alejándonos de la realidad real de las cosas, de la objetividad de un suceso y de conocer los entramados ocurridos en los más altos es-cenáculos del poder donde abundan la corrupción, la trampa y la negligencia y desde donde sus mas acérrimos protagonistas nos colocan una venda.
Somos unos convidados de piedra dentro de esta parodia tragicómica en la que se ha convertido la vida nacional. ¿Dónde queda el poder popular? Pues bien lo dijo Bolívar, un personaje ya desdibujado al que tanto idolatran con esa característica demencial de los fanáticos: “La opinión pública es el objeto más sagrado, ella ha menester la protección de un gobierno ilustrado que conoce que la opinión es la fuente de los más Importantes acontecimientos» pero ¿dónde está la fuente? se pregunta el pueblo.
¿Dónde está la fuente?
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