Es completamente falso quela Leyde Costos y Precios Justos, a un año de su puesta en vigencia, haya permitido una mayor variedad y oferta de bienes, tal como lo aseguran sus administradores, señalan los analistas del Observatorio Económico-Legislativo del Centro de Divulgación Económica (Cedice-Libertad)
Al fijar posición en torno a la defensa que hace el alto gobierno en torno a esta normativa, señalan que “todas las aseveraciones anteriores resultan falsas y no cuentan con asidero económico ni empírico alguno”.
Explican que siendo la curva de oferta, la sumatoria de las curvas de costos marginales individuales, a partir de la escala mínima eficiente, la imposición de un precio único, a la baja, implica destrucción de incentivos a la oferta, desplazamiento a lo largo de la curva de oferta hacia abajo y la izquierda (lo que significa reducción de la oferta), homogenización vertical de los productos destruyendo variedad de productos y diferenciación de productos, aumentando los costos de “transporte” y sustituibilidad.
Asimismo, si reducir los precios, tomándolos como totalmente exógenos y fijos, hiciera de las empresas unas residual demandantes maximizadoras, con respecto a la cantidad ofertada, lo que significaría que ganaran más ingresos supramarginales que las pérdida inframarginales del margen perdido por reducción de precios, las empresas lo harían voluntariamente.
Lo anterior explica como la actuación gubernamental genera desaparición de alternativas, oferentes y variedad de
productos, especialmente ante una regulación de precios únicos -se transforma los productos en “commodities”, al colapsar su variedad en una sola por estructuras únicas de costos y precios-. La terquedad, producto los prejuicios ideológicos y el desconocimiento en materia económica -especialmente la regulatoria-, no les permite entender que una imposición de precios administrados a la baja, con una oferta prácticamente fija y limitada producto de un control de cambio, de la “permisología” y las barreras administrativas previas a la actividad económica y a la oferta, a los problemas laborales y al ausentismo laboral aupado por una actuación pública que ha desdibujado cualquier amenaza creíble en materia laboral que mantenga incentivos a favor de la productividad, no protege a la eficiencia económica, ni a la incorporación de nueva demanda insatisfecha, ni un mayor nivel de bienestar social.
Por otra parte, las intenciones de la eventual “ideóloga” dela Ley, solo apuntan a lesionar la actividad económica nacional y la soberanía del consumidor en términos de alternativas y variedad de oferentes y productos.
Señala el Observatorio que estos funcionarios y pseudos intelectuales están viendo cumplir su sueño, que no es otro que por medio del control de cambio, las barreras burocráticas yla Leyde Costos y Precios Justos, conculcar las libertades económicas, la soberanía del consumidor e imponer que se produzca, oferte y consuma lo que desee el líder máximo, porque éste conoce mejor que todos nosotros sobre nuestros gustos, preferencias y necesidades.
Foto: Archivo
