Para expresar su preocupación por el fenómeno que se viene registrando en el país con el asesinato a manos del hampa de 150 funcionarios policiales en lo que va de año, representantes de varias ong’s realizaron una protesta frente a las puertas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
El grupo, liderado por la directora de la Fundación para el Debido Proceso, Jackelyn Sandoval, consideró que las bajas policiales, así como el ensañamiento de la delincuencia contra toda la sociedad, esta enmarcada en la situación de impunidad y falta de políticas públicas para combatir la inseguridad.
“Es preocupante porque se irrespeta a la policía, pero esto ocurre por la impunidad que existe, porque no hay seguridad en el país. Hay un traslado de la realidad global de Venezuela a lo que esta pasando con los funcionarios policiales”, explicó la vocera.
La misma posición la comparte la representante de Derechos Humanos de la organización Fuerza Liberal, Aidee Deutsc, quien acotó que lo que esta pasando “merece que este régimen ponga toda su atención”, pues el propio jefe de Estado, Hugo Chávez, sería el principal responsable.
“Tenemos a un presidente que hasta hace poco decía “patria socialista o muerte”, y después ha seguido insistiendo en que la revolución es pacífica pero armada. Esto lo que significa es que ha venido haciendo un llamado permanente y constante a delinquir y a dejar impune cualquier muerte que ocurra en este país, por eso le decimos mucho cuidado con lo que esta pasando, porque ya la impunidad no tiene parangón”, expresó la activista.
Resaltó que aunque preocupa ver la vulnerabilidad de los mismos cuerpos de seguridad, en Venezuela la violencia no discrimina.
“Aquí todos los muertos son muertos, y estan cayendo a manos de la delincuencia”, afirmó Deutsc.
Exigencias
“Nosotros en Fundepro calculamos que matan a un policía cada dos días. Lo que no vemos en los medios de comunicación son ni las razones ni las respuestas que se le esta dando a esta situación, y es lo que venimos a exigir”, señaló Sandoval.
En esta escalada, el Distrito Capital ha sido uno de los territorios más peligrosos para los uniformados, contándose 63 muertos. Después de la ciudad capital, el estado Lara ha sido el más letal, con 12 funcionarios asesinados.
La ex fiscal del Ministerio Público, abogada y esposa del preso político Rolando Guevara, indicó que hasta los momentos no parece haber un patrón que permita hablar de un plan formal o rasgo de intencionalidad en estos homicidios, pero cree que forma parte de un escenario general y nacional donde impera la pérdida de valores y el control del hampa.
“Al parecer lo han hecho para quitarles las armas. Se ha oído que para los delincuentes es un premio matar a un policía, y nuestros funcionarios también viven en las barriadas, vienen de las clases populares y conviven con los delincuentes”, señaló.
Un oficio consignado, tanto en el despacho principal de la policía de investigación como en el Ministerio del Interior y Justicia, exhorta a las autoridades nacionales a concientizar el problema y tomar medidas efectivas para combatirlo.
“No nos deja de preocupar el hecho de tanta afrenta a la vida de los funcionarios policiales. Conscientes del impacto de este fenómeno sobre la seguridad de los miembros de las distintas esferas policiales es obligante diseñar esquemas alternativos a los existentes”, resaltaron las ong’s.
Entre las medidas, consideran importante reformar el Código Penal para establecer penas más severas a quienes atenten contra la vida de un funcionario policial.
Desprotección
“Existe un envalentonamiento de parte de los delincuentes porque saben que una impunidad”, afirmó el jubilado del CICPC, Alvaro Pacheco Linares, al aproximarse a la triste realidad que afecta a sus colegas activos.
Así mismo, el ex funcionario señaló otro factor a tomar en cuenta. “Los delincuentes disparan contra los funcionarios policiales, pero si ocurre lo contrario, cae todo el peso de la ley y el peso político sobre los uniformados, quienes estan siendo formados para pensar en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y de los propios delincuentes”, expresó.
Por otra parte, el lamentó el estado de indefensión en que se encuentran los representantes del orden público, quienes se encuentran, afirmó, totalmente desasistidos por parte del Estado que debería ampararlos.
“Un funcionario policial, de cualquier organismo, es un representante del Estado y éste debe protegerlo. Hay un juramento que hace el funcionario en el cual se compromete a dar todo, incluso su vida y su seguridad personal, a fin de proveer a la ciudadanía de seguridad. Sin embargo, él esta desasistido”, concluyó el ex funcionario.
Por su parte, el también jubilado de la policía científica, Félix Rojas, señaló que aunque existe “miedo” entre quienes tienen la vocación de defender la ley a expresar públicamente su sentir, también impera una preocupación “por que no se toman cartas en el asunto”.
En una cuanto a una posible explicación, indicó que “se han perdido los valores y la majestad del policía. Ya no hay respeto”, concluyó.
