Las últimas leyes que han sido aprobadas y que tienen que ver con la vivienda, tienen como objetivo la destrucción del mercado inmobiliario, de acuerdo con el criterio expresado Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
En efecto, ante el cerco legal que ha venido aplicando el Ejecutivo con la aprobación de la Ley de Estafa Inmobiliaria, Ley de Arrendamiento, la Eliminación del Ajuste por Inflación, Ley de Costos y Precios Justos, Ley Orgánica del Trabajo, Ley Antimonopolio, la organización gremial realizó este martes el foro “Las Nuevas Leyes que Inciden en el Sector Inmobiliario: Alcances y Efectos”.
Martini Pietri señaló, al referirse en primer término a la evolución del sector, que en este año se han entregado unas 80 mil viviendas, de las cuales 20.000 las aporta el sector privado, lo que evidencia una caída del 20% en comparación con el año pasado, unas 20.000 viviendas ha entregado el gobierno como viviendas nuevas y 40 mil viviendas que son sustitución de rancho por casa que ya se sabe que no son nuevas viviendas y no reducen el déficit habitacional.
-Estas cifras están muy lejanas de las 200 mil viviendas que se suponía que iban a entregar este año en la Gran Misión Vivienda. Vemos como seguimos teniendo escasez de materias primas, también problemas económicos, pero lo cierto es que las viviendas no se están entregando ni en la cuantía, ni en la velocidad que se dice todo los jueves, en esta suerte de jueves de carnaval, donde hay mucho papelillo, muchísimos caramelos, muchas esperanzas, pero muy pocas viviendas que entregarle al pueblo venezolano-, aseguró.
En cuanto a la escasez de insumos, señaló que el tema del cemento es muy grave, pero más grave aún es el de la cabilla, indicando que de acuerdo con las últimas cifras del BCV, apenas se está produciendo el 50% de lo que se producía en el 2008, se está procediendo a importar cabillas, también se importa cemento.
-Todo este combinado con un contrabando de extracción, no entiendo como se puede contrabandear las cabillas, la gente no se las puede meter al bolsillo, pero al parecer no hay nadie que se dé cuenta que salen gandolas, una de tras de la otra de cabillas del país; igual tenemos problemas con los materiales que tienen que ver con el desarrollo de vivienda, el mismo gobierno ha sacado decreto donde obliga a los productores de servicios a darle prioridad a la Misión Vivienda por encima de los entes privados y la consecuencia de eso es que, de acuerdo con las cifras del BCV, más del 70% de los urbanismos del país, tienen problemas con el suministro de materias primas, lo que ha ocasionado retrasos y paralizaciones en el sector-, afirmó.
Recordó que la Gran Misión Vivienda no está entregando viviendas en propiedad a las personas, no las pueden heredar, tampoco vender y no las pueden hipotecar, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley.
Leyes ambiguas
Por otra parte, el abogado Cristóbal Banco Uribe, se refirió específicamente a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, instrumento a través de satanizó a todo este sector, indicando que este instrumento en lugar de ayudar, tiene una serie de ambigüedades; asimismo indicó que si anuncia el establecimiento de controles para la permisería, la preventa, la venta y la protocolización de las viviendas, lo que constituye una “intromisión al derecho privado inmobiliario”, ya que se impone la preminencia del aparato administrativo del Estado sobre cualquier otro factor.
Asimismo, la norma establece la aplicación de una serie de multas cuyos montos se calculan en función de Unidades Tributarias, a lo cual se agrega la sanción de “nulidad”, todo lo cual crea temor entre los promotores de viviendas.
Sector perseguido
El cierre del foro estuvo a cargo del ingeniero Jorge Roig, primer Vicepresidente de Fedecámaras, quien hizo la presentación del Plan Progreso y Bienestar que impulsa la Federación empresarial, a la vez que reconoció que el sector de la construcción y la vivienda ha sido uno de los que ha sido más severamente golpeado por el marco legislativo que ha aprobado el Ejecutivo.
Ratificó que ciertamente en el país no existen insumos para la construcción, poniendo como ejemplo el caso de las cabillas, explicando que ello se explica por que una gandola de cabillas a las puertas de Sidor cuenta 52 mil bolívares, pero en cuanto sale unos metros de nuestra frontera su precio se eleva a 300 mil bolívares “y se la quitan de la mano”.
Foto: Oswaldo Azuaje
