Diferentes circunstancias están acabando con la solidez que por muchos años presentó el sector construcción en el país.
Las nuevas normas recientemente publicadas por el Ministerio de la Vivienda y Hábitat para la adquisición de vivienda principal a través de la gaveta hipotecaria y la Ley de Vivienda, han propiciado nuevas preocupaciones entre los empresarios del sector.
Las disposiciones derogan los requisitos fijados en 2011, como las cuotas iniciales para la compra de la vivienda según los niveles de ingresos siendo el tope máximo 20%. Esa medida ya no se refleja en las resoluciones publicadas en la Gaceta del 20 de julio de 2012, situación que perjudica a los promotores inmobiliarios y constructores.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Francisco Mendoza, explicó que el financiamiento del 100% al comprador contradice lo establecido en la Ley de Bancos la cual permite a las instituciones financieras otorgar créditos hasta un 85%. “Las empresas constructoras trabajan con el 25% de inicial que entregan de forma fraccionada los compradores.
Esta medida, lejos de beneficiar al sector lo hunde más pues no están las condiciones dadas para asumir estos compromisos. Si a eso le sumamos la escasez de insumos, el impacto de la inflación y normas como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, los resultados son absolutamente negativos”.
Sólo en el área de insumos la situación es grave. La cabilla de tres octavos, cuyo precio regulado es de 2.10 bolívares sólo se encuentra en el mercado a 6.38 bolívares.
La realidad es aún peor en el caso del cemento pues el saco regulado a 22.50 bolívares con IVA, es adquirido en el mercado a casi 70 bolívares. “Además, la Ley contra Estafa Inmobiliaria establece que los constructores tenemos que certificar nuestros proyectos en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) para optar a un crédito en los bancos comerciales. Cuando nuestros empresarios van al organismo, nadie sabe cómo es el proceso”.
La ausencia de un reglamento deja a discrecionalidad del funcionario la aprobación de proyectos, escenario perfecto para que la corrupción tome fuerza. “El reglamento no está hecho y los bancos no nos quieren recibir las carpetas para el financiamiento ni están haciendo las evaluaciones pertinentes”.
Por si fuera poco, la norma también plantea el pago de fianzas impagables para los constructores, generando un ambiente poco conveniente para la inversión privada.
En este contexto, Francisco Mendoza recordó que el área de la construcción reactiva la economía y promueve gran cantidad de empleos.
La solidez del sector parece derrumbarse poco a poco, por cuanto de 365 empresas agremiadas sólo 64 se encuentran activas. “Estamos dispuestos al diálogo y la concertación. El Gobierno tiene que entender que solo no podrá disminuir el déficit habitacional que supera los dos millones de viviendas y continúa creciendo”.
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