Comité de Víctimas: Una burla la nueva misión que anunció Ministro de Interior

El Comité de Víctimas Contra la Impunidad del estado Lara, se pronuncia ante el recrudecimiento de la violencia en Venezuela y en la región, la cual se traduce en el desmembramiento de familias enteras que ven con estupor el asesinato de sus hijos y padres, ante la inacción de un Estado que lejos de garantizar la seguridad a los ciudadanos, pareciera propiciar la criminalidad y la impunidad, quedando esto evidenciado en el incremento desproporcionado de las víctimas de la violencia.
En el caso particular del estado Lara, el Covicil, primeramente, ratifica lo que hasta hoy ha sido una cuestión de principios para nuestra organización: Rechazamos y condenamos el asesinato y la violencia desplegada contra cualquier ciudadano de este país. En este contexto el asesinato a mansalva de dos agentes de las FAP-Lara y el dolor que sienten los familiares de los asesinados, no nos resulta ajeno. Desde noviembre del 2004 este Comité ha denunciado la ejecución de más de 400 personas por parte de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, sin que hasta hoy, los culpables paguen por las muertes ocasionadas; ni siquiera los que han sido juzgados y sentenciados por los tribunales respectivos están en las cárceles.
Las noticias de sucesos que a diario estremecen a los larenses son expresión de una realidad que desde hace años venimos advirtiendo: la violencia y la muerte, ante la impunidad prevaleciente, acabaría por abrazar, progresivamente, todos los escaños de la sociedad.
En reiteradas oportunidades hemos denunciado la complicidad de los cuerpos policiales, mafias de abogados y tribunales con el delito; sin duda este contubernio alcanzaría también a quienes señalamos como protectores y cómplices de delincuentes y que luego los suplantarían. Tristemente se hace realidad una denuncia que en su momento no pasó de considerarse un eufemismo de la violencia desatada, la cual podemos corroborar en el creciente delito de homicidios contra funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que se registran en toda la nación y que en el caso del nuestro estado Lara es apenas una advertencia, de los costos sociales a mediano y largo plazo de la impunidad como política de Estado.
En el caso que nos ocupa, destaca la eficacia y rapidez con que los cuerpos policiales, en especial el Cicpc, esclarecieron en menos de 24 horas el crimen, ubicando y dando muerte “en enfrentamiento” a los presuntos culpables. Nadie se sorprende de ello, tampoco de la larga lista de antecedentes penales que se les atribuyen a los miembros de la banda señalada por los propios organismos de investigación como responsables de la ejecución de los dos policías. A esos mismos cuerpos de investigación le hacemos las siguientes preguntas: ¿Cómo es que con semejante prontuario estos delincuentes continuaban en las calles atentando contra ciudadanos?, ¿Tenía que resultar gravemente afectada una institución policial para que, los llamados a resguardar la seguridad actuaran?, pero lo más importante ¿Gozaron los integrantes de la banda de “El Chueco Osman” de alguna protección policial y judicial que les garantizaba la impunidad de sus crímenes? ¿Quién les otorgó beneficios procesales y libertades una y otra vez?
Son apenas algunas de las preguntas que nos hacemos los ciudadanos “de a pie” ante el asesinato de miles de venezolanos, la mayoría pobres y trabajadores, cuyos casos continúan en más de un 80 % en absoluta impunidad. Por ejemplo, el sicariato de nuestro hermano de luchas, Mijaíl Martínez que, a casi cuatro años, continúa impune.
Estamos en presencia de un Estado que ha burocratizado el sistema penitenciario, convirtiendo las cárceles en fábricas de delitos, desde las cuales se extorsiona, se asesina y secuestra, bajo la mirada cómplice del Estado. Un Estado que habla y se reúne con pranes, mas no con las víctimas.
Un Ministerio Público sometido a los caprichos del Ejecutivo Nacional, que se desdibuja como institución rectora del Estado de Derecho, al garantizar a los victimarios lo que a las víctimas se les niega.
Un Poder Judicial, que actúa con lenidad ante el delito y que está penetrado por la corrupción, la burocracia y el servilismo político.
Consideramos una burla al pueblo venezolano la nueva misión que anuncia el Ministro de Interior y Justicia Tarek El Aisami de “censar” a las víctimas de la delincuencia en Venezuela. Bastaría alzar una cruz entre las doscientas mil víctimas de la violencia en Venezuela para clavarla en el corazón del país, y sentir su sangre inundando las calles. Inmoral y electorero discurso que debemos condenar. ¿Dónde quedan las denuncias por cientos de miles, que reposan en el Ministerio Público? ¿Las causas abiertas y en procesos?
Con todos los recursos que dispone el Estado encontramos un Ministerio, garante de la seguridad y la justicia, pero que pretende desconocer el costo de esta guerra social que alcanza a millones de venezolanos. ¿Será que el ciudadano Ministro quiere que levantemos las manos para contar cuántos quedamos vivos?
Otro atropello para el estado Lara, es contar entre los aspirantes a la gobernación, con un individuo que habiendo detentado el cargo, ha sido señalado, reiterada y públicamente, de estar incurso en la autoría intelectual de asesinatos, de ser el responsable político de actos violatorios a los DDHH de cientos de ciudadanos y de encubrir a su comandante de policía sentenciado por la propia Contraloría Nacional de la República, y que es incapaz de enfrentar con pundonor semejante señalamiento. Muy por el contrario, tiene el atrevimiento de cerrar programas de opinión, amedrentar a productores y sin mayor empacho pretende gobernar por tercera vez los destinos del estado Lara.
Así mismo, la designación del nuevo Jefe del CORE 4, debe ser motivo de preocupación para todos los larenses. El historial del general Chacón Guzmán, durante su pasantía en la Comandancia de Policía, está vinculado a hechos trágicos en el estado. Al frente de la comandancia de policía y con el apoyo del exgobernador Reyes Reyes se cometieron en tan sólo 10 meses cuatro masacres (Quíbor, Loma de León, Chabasquén y Urdaneta) en las cuales participaron funcionarios de la policía que comandó. En tres de estas masacres, el entonces coronel Chacón justificó estos crímenes, aduciendo que los asesinados “se habían enfrentado con la policía”, protegiendo a los funcionarios homicidas que fueron luego sentenciados por los tribunales del estado Lara. Así mismo gracias a la nefasta gestión de Chacón Guzmán, otro colectivo para la defensa de los DDHH surgió en Lara a raíz del asesinato de los hermanos Pérez Heredia. En todos estos casos el entonces coronel Chacón Guzmán siempre defendió y justificó a los autores materiales de los crímenes denunciados y criminalizó a las víctimas.
Comité de víctimas contra la impunidad en el estado Lara (Covicil)
Barquisimeto, julio de 2012
Totalmente indefensos
El General Chacón Guzmán ofrece instaurar en Lara una política de “amansamiento”, y ante el crimen cometido contra los dos funcionarios policiales, funcionarios policiales activos hacen circular en redes sociales, a manera de “cadenas”, llamados a “[…] hacer grupos pequeños otra vez y hagamos respetar nuevamente nuestra investidura sin firmar actas ni reportar nada dejándolos por ahí como antes (…) A partir de hoy por cada policía GNB Cicpc muerto, nos vamos a coletear a 10 de ustedes sean o no sean implicados” (Sic).
¿Será la reedición de los grupos de exterminio en los cuerpos policiales, como ocurrió en épocas pasadas, parte de esta política de amansamiento, lo que nos promete el General Chacón?
A partir de este lamentable crimen se pretende crear no sólo la anterior matriz de opinión que justifique el desborde de la violencia policial, sino que de inmediato se trata de reeditar el conflicto político entre el exgobernador Reyes Reyes y el gobernador Henri Falcón, conflicto en el cual la Guardia Nacional Bolivariana es parte activa, tal como ocurrió en la época del General Bohórquez. Ayer en nombre de ese conflicto se propició el intento de la toma de la policía del estado, precisamente por parte de funcionarios policiales expulsados, que en su oportunidad, fueron parte del entorno del general Rodríguez Figuera y del propio exgobernador Reyes Reyes.
En medio de este funesto escenario nos encontramos todos los larenses, totalmente indefensos ante la violencia e inseguridad desatada. Por ello el llamado es a permanecer alertas, a mantener viva la memoria y en ningún caso dejarnos manipular por los hechos, haciéndonos eco de matrices de opinión que justifiquen la acción criminal de grupos cuyos oscuros intereses ya han sido suficientemente develados en el pasado y que hoy de la manera más descarada se pretenden reeditar.
Foto: Angel Zambrano