Venezuela, con su reciente retiro del Ciadi, órgano de arbitraje del Banco Mundial, y su salida anunciada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte homónima se aísla cada vez más de la comunidad internacional perjudicando a sus ciudadanos, según analistas.
«El gobierno ha procurado sacar a Venezuela de organismos internacionales que le son incómodos, empezando por la salida de la Comunidad Andina de Naciones (concretada en 2011), pasando por el reciente abandono del Ciadi y ahora por la amenaza de dejar el sistema interamericano de derechos humanos», dijo a la AFP el internacionalista Juan Francisco Contreras.
«Esto manda señales de alerta a la comunidad internacional, de la que el país se distancia cada vez más ante la falta de transparencia, y afecta a los ciudadanos, que pierden instancias para hacer valer sus derechos e incluso oportunidades económicas, por la caída de la inversión extranjera», explicó Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela.
El mandatario Hugo Chávez anunció el pasado martes el retiro de su país de la Corte IDH, luego de que ésta responsabilizara al Estado venezolano de «tratos inhumanos» a Raúl Díaz Peña durante su prisión de 6 años por participar en 2003 en atentados con bomba contra sedes diplomáticas de España y Colombia.
La decisión llegó un día antes de que se hiciera efectiva la separación de Venezuela de otro ente internacional: el Ciadi, donde el país aún tiene una veintena de demandas pendientes, principalmente por la expropiación de activos a empresas extranjeras.
En ese caso, el gobierno venezolano decidió retirarse arguyendo que el ente fallaba mayormente a favor de las transnacionales.
El gobierno de Venezuela, que según Contreras «habla mucho de integración mientras mas bien se aísla», sí ingresará en cambio este martes al Mercosur, mecanismo de integración económico conformado Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay –actualmente suspendido–.
Evitar «la camisa de fuerza»
«Chávez quiere cambiar las instituciones del mundo, como ha hecho con las de Venezuela, y aquellos entes que fallan contra el Estado o a donde pueden ir opositores o empresas extranjeras a presentar quejas, son vistos por él como una camisa de fuerza», opinó la internacionalista María Teresa Romero.
El canciller Nicolás Maduro confirmó el jueves la denuncia inminente de la Convención Americana de Derechos Humanos para salirse de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Maduro aclaró no obstante que Venezuela no romperá con la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a que una salida de la CIDH, con sede en Washington, también implica la salida de la OEA.
«Para salir de la Corte IDH basta con denunciar la Convención Americana, con un periodo de espera de un año para que se concrete la separación, pero para salir de la CIDH hay que dejar la OEA», explicó a AFP Romero, profesora de la Universidad Central de Venezuela.
«El problema es que en cualquier caso, el gobierno violaría la Constitución de 1999, creada al inicio del mandato de Chávez, porque en ella se dio jerarquía constitucional a todos los tratados de Derechos Humanos», añadió.
Pero Chávez, que acusa a la Comisión y a la Corte de «apoyar el terrorismo», negó que con su decisión se viole la Constitución y dijo esta semana que «así como nos incorporamos en una época, igual podemos salirnos, (porque) somos un país libre».
Tras el anuncio, Estados Unidos aseguró que Venezuela «estaría enviando un mensaje profundamente lamentable acerca de sus compromisos con los derechos humanos y la democracia» de retirarse efectivamente.
Mientras, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que espera «que esta (separación) no se concrete».
Chávez también acusa a la CIDH de haber reconocido al gobierno golpista que lo sacó brevemente de la presidencia en 2002, año desde el que se niega a aceptar visitas al país de este organismo autónomo de la OEA, que emite recomendaciones y solicitudes de protección para demandantes.
«Ocultar realidades graves»
Marino Alvarado, director de Provea, una ONG dedicada a los DDHH, declaró a la prensa que la tendencia general de los gobiernos es permitir el monitoreo internacional de los derechos humanos, mientras que lo contrario indica que se «intentan ocultar realidades graves», que en el caso de Venezuela –según dijo– podrían ser la situación de violencia y hacinamiento de las cárceles o los abusos policiales.
Sin embargo, este activista aseguró que «cuanto más se empeña un gobierno en que no se vigile la situación de derechos humanos en su país, mayor énfasis colocan los organismos internacionales, porque se entiende que hay un mayor riesgo para la población».
