La decisión del gobierno venezolano de solicitar ante la Asamblea Nacional, la aprobación de una Ley de Endeudamiento Complementario por el orden de los 30.000 millones de bolívares, ha sido una de las decisiones más cuestionadas por los distintos sectores de la vida nacional, que estiman que la Nación no puede continuar endeudándose de manera irracional.
Nadie termina de entender como es que este Gobierno, habiendo recibido en los últimos seis años más de US$ 500 mil millones por concepto de exportaciones petroleras, un monto sin precedentes en la historia económica del país; y haber suscrito nuevos endeudamientos por más de US$ 100 mil millones, no ha sido capaz de resolver los problemas más urgentes que tiene el pueblo venezolano.
Durante la Asamblea de Fedecámaras, afirmaba el doctor Alejandro Grisanti, que esta inmensa bonanza petrolera de este período presidencial, y esta inmensa masa de recursos por endeudamiento que ha entrado al país, no se ha traducido en una mejora para los pobres, en una creación de nuevos puestos de trabajo y en un incremento de la producción nacional.
También el economista José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, y coordinador del Programa Económico del Programa Económico del Comando Venezuela, advirtió que el país mantiene un ritmo “suicida” de endeudamiento promovido por el presidente Hugo Chávez, respaldado por una Asamblea Nacional mediatizada, endeudamiento que tendrán que pagar todos los venezolanos.
Se recuerda que para el momento en que este gobierno asumió la administración, el monto de la deuda pública estaba en el orden de los US$ 30.000 millones, monto que se ha sextuplicado sin que, tal como se dice en términos coloquiales, se le vea el queso a la tostada.
De allí que con este nuevo endeudamiento, la deuda pública de Venezuela, tanto interna como externa supera los US$ 180.000 millones de dólares, es bueno que sepamos que en estos momentos, con una población de 28.000.000 millones de habitantes, de acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, en base al Censo 2011, cada venezolano que nace ya trae debajo del brazo, una deuda de más de 6.400 dólares, equivalente al ser convertidos en bolívares al precio oficial, a 27.520 bolívares fuertes, o 27 millones 520 mil bolívares de los viejos.
Asimismo, cuando se compara a Venezuela, con el resto de los países exportadores de petróleo, lo que se observa son mayores índices de reducción de pobreza, más dinamismo en la creación de empleo, unas economías mucho más pujantes e igualitaria de lo que ha logrado en este país.
Lo que causa mayor inquietud de este endeudamiento exagerado, es que en estos momentos el pago de esa deuda absorbe el 22% de los ingresos del país, recursos que con un monto menor de obligaciones, podrían ser utilizados en mejorar los servicios en los hospitales, en las escuelas, en crear nuevas canchas deportivas, mejorar la vialidad y garantizar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura, pero por supuesto esta realidad parece tener sin cuidado a quienes en estos momentos tienen en sus manos la conducción del país.
Otro factor que genera preocupación, son los montos tan elevados que está pagando Venezuela por la colocación de deuda, tasas que están por el orden del 12%, que sólo las erogan las economías en “bancarrota”, a las que nadie quiere tener como deudor en los mercados internacionales. Los economistas citan como ejemplo el caso de España, que aún cuando atraviesa por severos problemas económicos, está colocando su deuda con una tasa de interés del 6%.
Destino de los recursos
Por supuesto que en la Asamblea Nacional, toda la bancada oficial, sin excepciones levantó la mano para aprobar este nuevo instrumento, que compromete aún más el futuro de los venezolanos, quienes al final del día seremos los que tenemos que pagar el mono.
La justificación, al igual que otras decisiones que ha venido adoptando el Gobierno, es política, electorera y demagógica.
En efecto, se coloca en manos del ministerio para la Planificación y Finanzas, la ejecución y colocación de las operaciones de crédito público, para el pago de pensiones para más de 2 millones de beneficiarios y de los pasivos generados por las prestaciones sociales de los trabajadores del sector público.
De los Bs. 30.000 millones, se destinarán Bs. 25.000 millones al pago de las pensiones, hasta el año 2013; mientras que los restantes 5.000 millones irán al Fondo de Prestaciones Sociales, para el pago parcial de los pasivos a trabajadores de la educación y salud pública.
Por supuesto que para restar importancia a esta cifra, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, aseguró que apenas representa un incremento de 1,7% del Producto Interno Bruto, en comparación con el endeudamiento aprobado en el Presupuesto 2012; asimismo, así como si nada, señala que de cada 100 bolívares que perciba de ingresos el país, Bs. 25,00 serán destinados al pago de la deuda.
En el propio parlamento se escucharon voces de la oposición, que advierten que esta Ley de Endeudamiento Complementario, “se presta a la malversación de fondos públicos y viola la Constitución”. Asimismo, se exhortó al TSJ y a la Contraloría a que impidan la aplicación de esta norma y al mismo Gobierno de abstenerse de ejecutarla.
Ilustración: Dalver Santeliz
