Este lunes 30 de julio prosigue el juicio contra tres mujeres por su vinculación con la muerte de un niño de cinco años de edad, hecho ocurrido el 1 de diciembre de 2011, en Guanare, estado Portuguesa.
En la próxima audiencia que se realizará ante el Tribunal 3º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC), los fiscales 20º nacional y 90º de esta circunscripción judicial, Daniel Guédez y Lidis Sánchez, respectivamente, continuarán evacuando los elementos probatorios que demuestren la responsabilidad de Gelliknet González Quevedo (de 30 años y madre de la víctima) en los delitos de abuso sexual, homicidio intencional a título de dolo eventual, trato cruel y lesiones graves antiguas y recientes, todos en grado de autora en comisión por omisión.
Asimismo, los representantes del Ministerio Público comprobarán la responsabilidad de Anney Montilla Oropeza (25) como autora material en los delitos de abuso sexual, homicidio intencional a título de dolo eventual, lesiones graves, antiguas y recientes, además de trato cruel.
Igualmente, los fiscales evacuarán los órganos de prueba contra Valentina Oropeza de Montilla (50) por su presunta participación como autora en comisión por omisión de los delitos de lesiones graves, antiguas y trato cruel.
Es importante señalar que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó la radicación de este caso en el AMC, debido a la conmoción pública del hecho.
Vale destacar que por este caso fueron condenados el enfermero Yure Hernández (39) tras admitir su responsabilidad en el encubrimiento de los delitos de homicidio intencional a título de dolo eventual y abuso sexual; además de cómplice simple en lesiones graves antiguas y trato cruel.
A su vez, Doris Oropeza admitió ser responsable de los delitos de trato cruel en grado de cómplice simple y autora de lesiones personales menos graves.
En ese sentido, el referido Tribunal ante la admisión de hechos por parte de las dos personas, dictó la pena de 2 años y 9 meses de prisión para Hernández y 10 meses con 15 días para Oropeza, quienes continúan privados de libertad hasta que la referida instancia de ejecución determine la forma de cumplimiento de la pena.
