La Organización No Gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones expresó este sábado su preocupación por las constantes descalificaciones emitidas desde el gobierno nacional contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y especialmente contra su más reciente sentencia que condenó al Estado por el maltrato a los privados de libertad.
A través de un comunicado, también signado por la Federación de Abogados de Venezuela, Humberto Prado rechazó la actitud que se pretende concretar con el retiro oficial del país del órgano regional de protección a las víctimas.
«El pasado martes 24 de julio el presidente de la República se refirió a la sentencia emitida por la Corte IDH sobre el Caso Díaz Peña Vs. Venezuela, al señalar que este organismo internacional se pronunció «a favor de un terrorista y contra el Estado venezolano», razón por la que alegó que nuestro país se retiraba de la Corte», señaló el director del OVP.
«Más allá de los comentarios políticos, cabe destacar que no se hizo alusión a los aspectos fundamentales que contiene dicha sentencia, tales como las condiciones del recinto en el que se encontraba Díaz Peña», agregó el comunicado.
«Independientemente de la desaprobación de los hechos que le señalan a Díaz Peña, e incluso de su responsabilidad en ellos, las autoridades del Estado están obligadas a respetar todos los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, incluyendo el debido proceso y la prohibición de torturas o de tratos crueles o inhumanos», afirmó el defensor de DDHH.
En este sentido, Prado hizo referencia a las condiciones de la detención del hombre favorecido con la sentencia de la Corte, quien permaneció detenido en la sede del Sebin (EL Helicoide) durante seis años (2004-2010). «Tal como se señala en el documento, durante la privación de libertad de Díaz Peña se evidenciaron las deplorables e inhumanas condiciones de reclusión, caracterizadas entre otras cosas por: falta de acceso a la luz y ventilación natural, salidas restringidas al aire libre, encierro en las noches y con éste las restricciones de acceder al único baño disponible para diez celdas individuales», señaló.
Así mismo, «la Corte hizo referencia al deterioro progresivo que sufrió Díaz Peña, a quien no se le prestaron los servicios de asistencia médica de manera oportuna, adecuada y completa», mencionó el director del OVP.
Cabe destacar, son las mismas condiciones que ha venido denunciando reiteradamente el ex comisario Iván Simonóvis, y el resto de los «presos políticos» que han estado o aún permanecen en el Sebin.
En conclusión, Prado se dirigió a los funcionarios del Estado para que «tomen en cuenta la importancia fundamental para la protección de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, de mantener a nuestro país tanto en la Comisión IDH como en la Corte IDH». Los instó que reconsideren la decisión de retirar a Venezuela de estos organismos.
Por otro lado, el director de la ong instó a los «miembros de organizaciones de Derechos Humanos y Cancillerías de las Américas, para que insten al Estado venezolano a suspender el retiro de Venezuela de la Corte IDH», señala el comunicado.
