El retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) obstaculizará el ingreso del país al Mercosur y su permanencia en cualquier otro organismo de integración internacional, advirtió este jueves el dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) y diputado al Parlatino, Timoteo Zambrano.
Al respecto, indicó que uno de los requisitos fundamentales para solicitar el ingreso al Mercosur es haber firmado el Protocolo de Ushuaia, el cual a su vez obliga al cumplimiento de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). «Al salirnos de la CIDH, sencillamente no estamos cumpliendo con la Carta Democrática de la OEA», explicó.
Acotó que la actitud del Gobierno nacional debe despertar una reflexión en los cuatro países que conformar el Mercosur, pues Venezuela está violando una de las más importantes normas para pertenecer a dicho organismo.
«La misma situación se presenta con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Si llegamos a retirarnos de la CDHI estaríamos incumpliendo la cláusula democrática de Unasur y también la de la Celac. Así las cosas, ¿qué podríamos construir con le resto de los países de América Latina y el Caribe si uno de los puntos fundamentales en la región es respetar estas cláusulas democráticas?, preguntó Zambrano.
Además, el parlamentario recalcó que con la citada decisión se le cierran las puertas a Venezuela en el continente. «Nos colocamos de espaldas a los procesos de integración que hay en la región. No podemos pretender que vamos a integrarnos sin avanzar en el fortalecimiento de nuestra estructura de protección de los Derechos Humanos», apuntó.
De igual forma, refirió que actualmente la Unión Europea está discutiendo con Mercosur mecanismos de integración de mercados, en los cuales igualmente las condiciones primordiales radican en la solvencia en el cumplimento de las cláusulas democráticas.
«No puede el Gobierno tomar decisiones de esa naturaleza a espaldas del país, decisiones que nos aislan de la comunidad de los países del continente», sostuvo el dirigente opositor tras señalar que el Gobierno viola también el artículo 31 de la Constitución Nacional que garantiza al ciudadano el derecho a una justicia absolutamente imparcial cuando no se le da en el país.
