La inesperada decisión del Ministerio de Educación de que educadores dependientes del Ejecutivo nacional deben cambiar antes del 10 de agosto de este año sus cuentas nóminas del banco Provincial al Banco Bicentenario -este último perteneciente al Gobierno nacional-, o de lo contrario se quedan sin recibir sus correspondientes salarios, tomó por sorpresa a este sector magisterial constituido por aproximadamente 287 mil educadores activos en toda Venezuela, de los cuales unos 15 mil pertenecen al estado Lara.
Así lo dijo el educador Manuel Galíndez, secretario general de Fenatev en Lara, en nombre de la coalición sindical que representa, y agregó que el anuncio también involucra a secretarias y obreros educacionales
Galíndez consideró la medida de arbitraria, inconsulta e improvisada porque actualmente genera confrontación en las sucursales de los Banco Bicentenario en la entidad, toda vez que entregan solo 20 ticket diarios, cuando acuden cientos de educadores que se quedan sin abrir las cuentas, pese a que llegan a las 5:00 de la madrugada para hacer la cola, y salen a las 5:00 de la tarde sin ser atendidos.
“No culpamos a los gerentes de los Bicentenario, pero sí al Gobierno nacional por esta nueva improvisación. No es posible que esta sorpresiva noticia ahora motive trifulcas y protestas en dichas sucursales financieras por este cambio abrupto de cuenta”, aseveró.
En este sentido, anunció que a las 8:00 de la mañana de hoy lunes Fenatev, el Colegio de Profesores y la Coalición Sindical se concentrarán en el Bicentenario de la carrera 19 con calle 23 de Barquisimeto, para pedir a sus gerentes que sean mediadores entre el Ministerio de Educación y el Gobierno nacional, a objeto de que implementen mecanismos más eficientes para que todos los educadores y trabajadores de la educación puedan abrir sus cuentas antes del 10 de agosto sin ningún tipo de abusos ni atropellos, como ha sido hasta ahora, o de lo contrario que se establezca una prórroga.
“Estamos pidiendo una prórroga más flexible, planificada y coordinada con los mismos gerentes de bancos para que no se produzca la aglomeración, amotinamiento y colapso”, expuso.
Lamentó que en Cabudare emitían diez ticket, pero tras el reclamo lo subieron a veinte y sigue siendo insuficiente ante tanta la demanda.
En su opinión, Galíndez cree que se trata de una decisión meramente política en respuesta a declaraciones de algunos altos funcionarios de España hacia el presidente Hugo Chávez, tomando en cuenta que el Provincial pertenece a empresarios de ese país europeo.
Pero también piensa que se trató de una medida económica para que se incrementen las cuentas del Bicentenario, de cuyas ganancias, al parecer, dispone el Presidente, sobre todo en este proceso de campaña electoral, y por ello se le quiere echar mano a esos recursos concentrándolos en un banco del Gobierno, sostuvo.
Le propone además a la directora de la Zona Educativa, Gisela Cañizales, y a la ministra de educación, Maryann Hanson, que anuncien al país los motivos y causa de esta decisión, de ser posible en cadena nacional, como lo hacían en anteriores gobiernos, para informar un tema de interés colectivo.
Bofetada a educadores
Galíndez calificó como una bofetada a los educadores de Venezuela el nombramiento la semana pasada a la presidencia y vicepresidencia nacional del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio del Poder Popular para la Educación. (Ipasme), de dos ex policías metropolitanos, “un hecho visto por primera vez en la historia que pretende hacernos creer que no hay educadores capacitados para dirigir esta institución”.
En tal sentido, solicita la inmediata intervención de las 47 unidades médicos odontológicas en todo el país del Ipasme, tres de las cuales se encuentran en Lara (Barquisimeto, El Tocuyo y Carora).
Precisó que todas están colapsadas y los créditos para los educadores paralizados ante el argumento de que no hay recursos, “pero nos descuentan quincenal 3% de nuestro sueldo base”.
¿Qué hacen con esos millones de bolívares que les descuentan para el Ipasme a 280 mil educadores en todo el país, sin contar administrativos y obreros?, se preguntó.
Denunció que el Ipasme se convirtió en guarida de politiqueros de oficio, cuyos recursos tienen como destino el clientelismo político partidista.
Refiriéndose nuevamente a la designación a la presidencia y vicepresidencia del Ipasme de los dos ex policías, puntualizó que fue violentada la normativa legal porque no abrieron concursos sino que fue a dedo, quedando pisoteada la dignidad del magisterio una vez más.
A esto se agrega que cerca de 52 mil educadores jubilados esperan pago de prestaciones sociales en Venezuela.
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