Desde que el Presidente Chávez resolvió hacer que el CNE dependa de sus hilos direccionales, cuidando hasta dónde se pueda las formalidades y disposiciones legales, la vida del organismo electoral rector se tradujo en actos concretos de duda y desconfianza en el seno ajeno al oficialismo. Lo primero fue el haber quedado estructurado en su nivel directivo en forma inequívoca: 4×1. Cuatro del oficialismo y uno de la oposición, aunque ninguno lo reconozca. A las damas correspondió la holgada representación mayoritaria de la confianza gubernamental, y han correspondido de modo inequívoco a esa confianza, naturalmente sin llegar a los descarados extremos y sabiendo hacer uso de su encomendado oficio de árbitro electoral, sin perder ni el corazón ni el cerebro en el manejo de tan difícil y exigente misión mirafloreña.
Así las cosas ha habido ya varios hechos concretos de clara inclinación política, uno de los cuales evidentemente fue el caso Miami-Nueva Orleans, antecedido por la resolución gubernamental con el Consulado, aunque hecha dentro del juego diplomático. Pudo realmente haber alguna otra solución al exigente problema de los muchos electores de Miami, bajo el principio de facilitar a los electores el ejercicio del voto. También debió el CNE regular, como es debido, las abusivas cadenas nacionales del Presidente. El vulgar y descarado ventajismo gubernamental, estatal e institucional debió también haber sido sometido a reglas claras del CNE, ahora hecho el ciego, sordo y mudo, sin desconocer cierto equilibrio en su Presidenta.
A pesar de lo anteriormente señalado hay un hecho absolutamente objetivo: el actual CNE, con todo y la verdad que pareciera ocultar, es hoy por hoy el árbitro de estas elecciones para Presidente, Gobernadores y Alcaldes de 2012 y 2013.
Entonces, ¿qué hacer? Sin la menor duda hay una sola respuesta: tratarlo debidamente como árbitro, con respeto a su investidura y racional compresión de la realidad existente, sin perder en momento alguno la vigilancia necesaria de todas sus actuaciones. En el caso del representante minoritario (Dr. Vicente Díaz), mantener y aumentar incluso su reconocido trabajo de vigilar y señalar irregularidades. La representación partidista en el CNE debiera redoblar su esfuerzo y mantenerse siempre ¡mosca!. Pero encima de ello, es nuestro deber tratarlo debidamente como árbitro que es, sin descuidar la permanente vigilia y la rápida y oportuna denuncia de cuánto irregularmente suceda, con la suficiente divulgación del caso. Lo que está en juego es nada menos que el destino de nuestra democracia, a definirse el próximo 7 de octubre, cuando la voluntad popular defina con el voto su preferencia.
El CNE y su Deber
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