El anuncio de desalojo inmediato a familias descendientes de tribus indígenas que hacen vida en terrenos del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor (SHYQ), realizado esta semana por las autoridades de la obra, constituye una ruptura de los acuerdos a los que se había llegado para lograr una reivindicación justa de sus derechos y facilitar su cambio de morada.
El diputado a la Asamblea Nacional, Andrés Avelino Álvarez, señaló que ante la acción cometida en contra de 772 ciudadanos, llevará la denuncia ante la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional y ante el Protocolo de la Organización de Naciones Unidas, en el marco de protección de pueblos indígenas y sus derechos tribales.
Asimismo, recordó que una comisión técnica interinstitucional, compuesta por Imparques, el SHYQ, el Ministerio del Ambiente, el Consejo Legislativo del estado Lara y la Asamblea Nacional; trabajaba en la búsqueda de soluciones al problema de los desplazados por el avance de la obra.
Los anuncios de desocupación comenzaron en la población El Jobal, donde representantes del proyecto se han dado a la tarea de extender órdenes de desalojo a las familias que habitan en los alrededores de la represa Yacambú, bajo el alegato de que se trata de una negociación pacífica, sin embargo, Álvarez criticó que la acción se haga con apoyo de efectivos de la Guardia Nacional.
“(Lo hacen) para amedrentar y coaccionar a la gente. Con ello se desvirtúa cualquier arreglo amigable y se producen vicios de consentimiento. Si trabaja una comisión técnica para la resolución del conflicto ¿por qué tiene que tomar esa posición irregular el personal del proyecto hidráulico Yacambú?”, dijo.
El parlamentario supone con estas actuaciones las autoridades del proyecto se hallan confesas de la violación de garantías fundamentales como los derechos humanos, logrados al demostrarse que el lugar donde se desarrolla la represa es territorio indígena.
Aseguró que con la puesta en marcha de desalojos se aplican principios establecidos en la Constitución nacional de 1961, ya derogada, y la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, pero pasando por encima derechos como el pago a los daños morales y la garantía de reubicación.
“De las 772 familias indemnizadas, más del ochenta por ciento recibió menos de cincuenta mil bolívares fuertes ¿Quién puede rehacer una vida sin tierra y sin casa con esa cantidad de dinero? Dejaron en la indigencia a descendiente de cuatro generaciones de pueblos orginarios. Esa es una actitud reprochable de la gente del SHYQ”.
Defensoría
Además de las negociaciones, Andrés Avelino Álvarez afirmó que con las acciones del SHYQ se viola el pronunciamiento de la Defensoría, que en el año 2010 reconoció el asentamiento de poblaciones gayones en la zona de yacambú, quienes deben gozar de un mecanismo de protección del Estado para solucionar su estatus de vida luego de salir de su hábitat.
“La razón y la verdad están de nuestro lado. Todo el marco jurídico está con nosotros”, comentó.
Foto: Simón Alberto Orellana
