Los Militares Tienen Nuevo Jefe

El título de este artículo es infernal, como es que cada venezolano tenga sobre su cabeza un militar, ahora policía con competencia especial de investigación penal, para lograr -dice el gobierno- la transformación del sistema de administración de justicia penal; cuando en realidad la finalidad es practicar inspecciones y allanamientos de inmuebles, la intercepción o grabación de comunicaciones privadas, la detención de ciudadanos sin la orden de un Juez de la República; así como ejecutar decisiones que impliquen la ubicación, búsqueda y aprehensión de personas naturales.
El Ejecutivo Nacional tiene la obligación de organizar un cuerpo uniformado de policía nacional, un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, un cuerpo de bomberos, así como un cuerpo de protección civil y administración de desastres. La norma constitucional (artículo 332) exige que estos órganos de seguridad ciudadana, tengan carácter civil y sus competencias concurrentes con la de los Estados y Municipios.
Pero procedió a dictar un Decreto Ley Orgánico del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en el que se consagra que son órganos y entes especiales de investigación penal la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por órgano de sus componentes, cuando estuvieren ejerciendo funciones de investigación de delitos en el ámbito de sus atribuciones legales (artículo 24).
Este es el verdadero móvil del decreto Nª 9.072 de 3 de julio de 2012, que crea el Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, pero que en realidad es un disfraz de Ministerio.
Lo esencial es detentar el poder supremo sobre el control de los derechos ciudadanos y su ejercicio. Además sienta al frente a un militar que salió cuestionado del DIM, el Mayor General Hugo Carvajal.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe tajantemente que los militares se incorporen al sistema de justicia penal y, además, los cuatro cuerpos integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales, Ejercito, Armada, Aviación y Guardia Nacional tienen asignada su misión profesional “asegurar las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación”.
La Fuerza Armada “sólo puede ejercer actividades de policía administrativa y de investigación penal que lea atribuye la Ley” y este decreto ley nada dice de cuales son sus atribuciones. El nuevo viceministro será otro militar más que engrosa la lista de los tránsfugas de la clase militar.
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