El diputado a la Asamblea Nacional y exacalde del municipio Torres, Julio Chávez, aseguró que las denuncias presentadas en su contra ante la Comisión de Contraloría del Parlamento por parte de la bancada opositora son falsas y cuenta con las pruebas para demostrarlo.
Entre las seis acusaciones que se levantan en su contra, el exmandatario local menciona la firma de un contrato con la empresa Construsogo, para la rehabilitación del casco urbano de la ciudad de Carora, que en el año 2005 tenía un costo de 700 mil bolívares fuertes, para la cual no se habría conformado el comité para realizar la licitación de la obra, como establecen las leyes.
“Eso es falso. Hemos demostrado en otras oportunidades que eso no fue así, porque esta denuncia siempre la hacen en época de elecciones. Además de Construsogo se presentó otra oferta válida de la empresa RB Ingeniera C.A.; a la cual se le otorgó la licitación”, explicó.
Agregó que todo este procedimiento fue observado por el Colegio de Ingenieros del estado Lara, que tuvo como representante a Nelson Hurtado y formó parte del comité, así como la Contraloría Municipal, que en ese entonces ejercía el control previo de la obra y avaló la contratación. Toda esta información consta en actas que han sido consignadas por el diputado a la Comisión.
Chávez espera un pronunciamiento de la Fiscalía General de la República, para que se defina la situación de un caso que, a su juicio, se cae por su propio peso.
Otra irregularidad citada por el parlamentario, se encuentra la designación de Gaudys Ibarra como presidente del Instituto Municipal de Deporte de Torres (Indetor), cuando éste aún era presidente de una empresa cooperativa y no podía ejercer un cargo público en conjunto con esa actividad.
El exalcalde mostró la resolución donde indica que la designación de Ibarra en Indetor el día 1º de abril de 2008, así como un acta del Registro Subalterno donde consta que la renuncia a la cooperativa se hizo el 29 de enero de 2008. “De modo que es falso decir que la designación se hizo cuando aún estaba en la cooperativa”.
Calificó a los diputados Guillermo Palacios y Andrés Avelino Álvarez, autores de la denuncia, como denunciantes de oficio y recordó que en varias oportunidades acusaron al gobernador Henri Falcón de cometer actos de corrupción, cuando éste militaba en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que ahora acompañan de la mano por estar en la oposición. “Eso los descalifica. No tienen ninguna autoridad política para denunciarme”.
Para el parlamentario las acusaciones temerarias y dolosas de Palacios y Álvarez son un acto irresponsable, por el cual emprenderá acciones civiles y judiciales contra los diputados, quienes en su carácter de diputados suplentes no gozan de inmunidad parlamentaria. Una vez que la Comisión de Contraloría revise las pruebas y se pronuncie, Chávez emprenderá las acciones legales.
Confunden gestiones
Para Julio Chávez, sus acusadores debieron confundirse al momento de buscar irregularidades. Recordó que en el año 2006, cuando el partido OFM (al cual pertenece Palacios) era gobierno en Torres con el entonces alcalde Javier Oropeza, denunció la asignación de un millón de bolívares fuertes para la construcción de drenajes y aceras de la segunda etapa de la avenida Francisco de Miranda, sin pasar por licitación. Esto bajo un sospechoso decreto de emergencia del Ejecutivo municipal. Solicitará a la Fiscalía General de la República pronunciarse en torno a ese caso.
Foto: Dedwison Álvarez
