Miembros del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPCPP) acudieron este miércoles a la Contraloria del estado Lara para exhortar al órgano supervisor a que intervenga y garantice el efectivo desenvolvimiento de las gestiones administrativas de la Gobernación del estado.
El alcalde Richard Coroba, en compañía de Pedro Figueroa Guerrero, consignaron las dos últimas sentencias que emanó el Tribunal Contencioso Administrativo, en las cuales se elimina el reglamento provisional del Consejo Estadal y se anula el Plan Operativo Anual (POA) presentado por la gerencia regional. “Es posible una inhabilitación de Henri Falcón, con sanciones administrativas e incluso penales, por usar los recursos del pueblo como una chequera personal”.
Explicó Coroba que es tarea del CEPPP definir hacia dónde se dirigen las inversiones del estado. “El gobernador presenta un presupuesto sin cumplir con las normas. El mismo tribunal revisó toda la documentación que presentamos, y por eso, decidió anular el POA”.
Por su parte, Figueroa Guerrero denunció que funcionarios del Gobierno se negaron a presentar detalles de los proyectos. “En la mayoría de las reuniones del CEPPP, la gobernación daba una patada a la mesa sin ningún argumento. No han permitido que el Consejo Estadal revise los gastos de inversión para que el Consejo Legislativo apruebe las partidas”.
Al ser consultado sobre la receptividad de la Contraloría, Coroba aclaró que el órgano supervisor será el encargado de ofrecer garantías a los ciudadanos de una gestión transparente. “No se puede permitir que el gobernador maneje los recursos del estado como mejor le parece. Él es responsable del atraso de muchas obras, las cuales no han recibido los recursos correspondientes por toda esta situación”.
Sólo en Palavecino, expresó, se han dejado de realizar mejoras a la escuela José Félix Rivas afectando a más de 900 niños. “También esperamos por los recursos para el ambulatorio de Cabudare, las canchas deportivas, dotación de equipos para la seguridad del municipio, así como mantenimiento de los acueductos y perforación de nuevos pozos”.
Los miembros del CEPPP esperan que el gobernador Falcón responda ante la ley por las irregularidades denunciadas. “Todas las obras que arrancaron con el Plan Operativo Anual se encuentran en este momento al margen de la ley. Alguien tiene que ponerle orden a todo este desorden”, dijo Coroba.
En lo que va de año, el Consejo Estadal de Planificación ha realizado entre 6 a 7 reuniones, sin lograr un diálogo franco con las autoridades regionales.
Foto: Dedwison Álvarez
