Paraguay en la mira

Paraguay ha sido país de convulsionada historia, acodado entre los gigantes Brasil y Argentina, que tratan de encomendarle paradigmas  y de interferir su autóctono proceso de desarrollo integral. Trastornos y diferentes contingencias ha padecido desde su inicio de formación de pueblo. Como uno de los países más pequeños de Suramérica  ha sufrido con heroico estoicismo todo lo adverso de su voluntariosa existencia. Dictaduras como la de Gaspar Rodríguez de Francia, que anegó casi todo el siglo XIX; largas y sangrientas guerras, como la del Chaco, que llega a su fin en 1.936. Otra dictadura desastrosa, la de Alfredo Stroessner, comienza en 1.954 y se prolonga hasta 1.975, cuando inicia un periodo de reconstrucción civil.
Estos mismos días, Paraguay se hace dueño de la atención mundial: sus instituciones políticas, que transitan periodo de normalidad, en solidaria decisión, destituyeron de la primera magistratura, al Presidente titular Fernando Lugo, cuando apenas le faltaban nueve meses para cumplir el periodo constitucional de gobierno. Llama la atención, que tan trascendental medida, está respaldada con aprobación, casi unánime de los Poderes Públicos y el Tribunal Electoral, la oposición democrática, en su totalidad y hasta el partido que hacia causa común, con el régimen del Presidente Lugo, se dio a la estampía y le negó apoyo en el momento más necesario. Este circunstancial respaldo, está constituido por restos coaligados del tradicional liberalismo paraguayo.
Tan decisiva característica y lo singular de la situación, convergen en un estado de persistente continuidad constitucional donde no se altera la tangibilidad constitucional, porque el Vice-Presidente Federico Franco, llamado a ejercer la sustitución legal del Presidente destituido, ya fue reconocido como tal y previo cumplimiento del juramento de ley, ya está avalado unánimemente por el Congreso, en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales.
Todo lo cual, elimina de raíz, el socorrido expediente del golpe de Estado, que no se tipifica, en este caso, porque no se ejecutó ninguna vía de violencia o de recurrencia armada y la transmisión del mando, transcurrió con fiel observancia del procedimiento jurídico previsto y conforme lo establecido en la Constitución.
Todo hace coincidir que la voluntad soberana del pueblo democrático del Paraguay, ha asumido su voluntad soberana, para desplazar a un gobernante, que indebidamente usurpó el poder para masacrar al pueblo. De este hecho objetivo se desprende, que la OEA, UNASUR, ni MERCOSUR, son organismos competentes, para participar en la presente situación. La Carta Democrática Interamericana, prevén, en todo lugar, investidura única para restablecer en su cargo al gobernante, deliberan en función y defensa del Estado y poco se ocupan para erigirse en absolutos representantes de la soberana voluntad popular. Esta es la nueva y elocuente situación que deja indemne en Paraguay la legitimidad de la institucionalidad democrática de otros Estados.
Todo emana de la experiencia vivida y de allí estriba la ineludible regeneración. Stroeesner, que usurpó el poder, sumió el Paraguay en una espantosa dictadura de 36 años. Finalizada esta opresión, por otro golpe de Estado, en la Constitución del 92, se enmarcan las nuevas formas que disciplinan los abusos del poder. Aparece la enmienda previsora contra los altos funcionarios, incluido el primer magistrado de la Republica, que pueden ser sancionados por delitos políticos cometidos durante el desempeño de sus cargos, o sea, el mal desempeño de sus funciones. El vil asesinato de 17 trabajadores del campo, durante el desalojo de un predio rural, fue la gota que rebasó el vaso, que terminó con la barrida de Lugo del solio presidencial, quien por otra parte, inauguró en Latinoamérica la forma delictual de la paternidad irresponsable y dio lugar a que los hijos gocen del derecho de conocer a sus padres.
Dejemos tranquilos a los mandatarios del Paraguay. El Gobierno de Federico Franco, goza de la transparencia de estar legítimamente constituido. Respetamos sus instituciones democráticas y la auto determinación, que avala y garantiza el Jus Gentium del Siglo XXI. Un gobierno puede ser legítimo por sus Constitución y procedimientos democráticos y ser ilegitimo por el desempeño de la institucionalidad democrática. Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, confirman ejemplos típicos de estas aberraciones, que perviven en el seno de las naciones. Violan la Constitución. Reprimen la prensa. Toleran la corrupción y el narco tráfico. Abusan del poder y menoscaban y violan los derechos humanos. Por lo tanto, no tienen autoridad moral, para sancionar a quienes violan y mancillan la institucionalidad democrática.