Pruebas documentales que sustentan la afirmación de que representantes del alto militar de Cuba participan activamente en reuniones del gobierno nacional bolivariano, consignó el dirigente de Voluntad Popular, Antonio Rivero, ante la Fiscalía General de la República.
Exigió a la institución del Poder Ciudadano que inicie de inmediato una investigación sobre lo que parece ser un hecho de injerencia extranjera y la comisión de delitos contra la Seguridad y Defensa de la Nación.
“En las fotografías y audios que hoy presento, se evidencia a Andollo Valdés, quien es Jefe del Estado Mayor cubano, participando con carácter de supervisor en reuniones desarrolladas en territorio venezolano”, explicó el general de división en situación de retiro.
“¿Qué se discutió en estas reuniones, qué información se le está dando al ejército cubano? (…) Exhorto a la Fiscalía General a que se realice las investigaciones pertinentes y determine la veracidad de las pruebas que estoy consignando el día de hoy”, agregó Rivero.
Desigualdades
El dirigente de VP precisó que son cinco las carpetas que en esta oportunidad le entregó a la institución que ostenta el monopolio de la acción penal en el país. Sin embargo no parece probable que esa institución satisfaga las expectativas de la organización política hasta sus últimas consecuencias, dado el silencio con que fue acogida la primera denuncia que formulara el general Rivero hace dos años.
Cabe recordar, luego de que en mayo de 2010 este acudiera al Ministerio Público para pedir una investigación por “delitos contra la independencia y seguridad de la nación”, no sólo la averiguación no se inició sino que dos meses más tarde la Fiscalía 6° Militar imputó al ex militar por “ultraje a la Fuerza Armada Nacional” y “revelación de noticias privadas o secretas de las Fuerzas Armadas en grado de continuidad”.
Además, le impuso tres medidas cautelares que consisten en prohibición de salida del país, presentación cada 15 días y prohibición para hablar del caso, las cuales aún continúan vigentes.
“Como ciudadano venezolano estoy en el marco del respeto de la medida cautelar que me fue impuesta después de haber hecho la denuncia hace dos años (…) lo hago como una actividad política y buscando que se realice la investigación pertinente y sea aclarada esta situación tan grave para la nación”, advirtió el ex director de Protección Civil.
Así mismo, Rivero destacó que los delitos por los cuales el acusa al gobierno bolivariano son los mismos por los que se investiga a la cuñada de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, Ana María Abreu de San Miguel, por lo que permanece detenida en el Sebin. No obstante, las implicaciones de lo que él denuncia son mucho más graves.
“Aquí la pregunta es por qué la información estratégica sobre nuestra seguridad nacional es discutida ante militares de otros países? ¿A donde llega finalmente esa información sobre nuestra defensa territorial con países vecinos como Colombia, donde es pública y notoria la operación de grupos irregulares y guerrilleros”, cuestionó Rivero.
Foto cortesía Prensa VP
