Es posible que la nueva directiva del Instituto de Tierras tenga un criterio un tanto más apegado a la legalidad que las anteriores, las cuales apoyaban ampliamente todas las ocupaciones ilegales promovidas y llevadas a cabo por grupos que aparentemente están identificados con el gobierno.
Considera el Dr. José Alberto Jiménez Peraza, especialista en el Derecho Agrario y con experiencia como juez en la materia, que el problema de las llamadas invasiones a los predios privados es que mucha gente lo ha hecho a espaldas de los funcionarios con el pretexto de que quieren poner a producir tierras que consideran que no están bajo cultivo o explotación ganadera.
Sin embargo, la práctica ha demostrado que tanto las fincas expropiadas por el Ejecutivo Nacional como los predios que han ocupado miles de personas apoyadas por el gobierno, en vez de aumentar la producción, ha sido todo lo contrario, porque muchas de esas propiedades han quedado completamente abandonadas y se han perdido los equipos que existían, tales como tractores y otras máquinas, porque no tenían operarios.
Aún más: aunque el Estado promovió las expropiaciones no previó la dotación de maquinarias, ni asistencia técnica, y, por supuesto, la producción de algunos rubros cesó bruscamente.
Ahora corresponderá al nuevo gobierno examinar profundamente todos los casos de expropiaciónes y ocupaciones ilegales, por cuanto el país ahora se ha convertido en mayor importador de rubros que antes producía con facilidad, gracias a la tradición de los campesinos y productores establecidos durante muchas décadas.
En el curso de los últimos tres meses no se ha sabido de actos administrativos de los denominados “rescates” en lo que respecta al estado Lara.
Tampoco se sabe de evaluaciones que haya realizado el gobierno sobre los predios que fueron “rescatados”.
Tengo conocimiento de que en algunas regiones del país, muchos de los que ocuparon predios privados lo que han hecho es vender las tierras a otros, porque no pudieron cultivarlas.
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