LA QUIEBRA DEL ESTADO-PARTIDO

Después de un ejercicio de gobierno de 13 años, y a pesar que aún están presentes factores que le permiten al actual gobierno contar con significativos niveles de respaldo popular, han surgido otros que están propiciando la quiebra de su hegemonía sobre la sociedad venezolana. Por supuesto que haber contado desde el 2003 con el más elevado volumen de ingresos petroleros que ha gastado gobierno alguno en Venezuela, le ha facilitado enormemente realizar un amplio reparto de los mismos, el cual a pesar de la desbordada corrupción y el sectarismo en su distribución, ha alcanzado considerablemente a la población popular.
De igual manera, los severos errores en la conducción de las fuerzas opositoras, sobre todo la hegemonía de la corriente golpista el 11A, el desacertado diseño del paro petrolero y la abstención en las elecciones parlamentarias del 2005, contribuyeron grandemente a fortalecer al gobierno. Tampoco debe dejarse de lado la influencia ejercida por una abundante y creciente red de medios de comunicación oficiales que cotidiana y sistemáticamente propagandizan las acciones del Presidente, su gobierno y del PSUV, unido a la acción calculada de un gobierno que enmascara los problemas del país y restringe crecientemente la información no oficial.
La quiebra de esa hegemonía no ha sido un proceso lineal, de corto plazo. No puede obviarse que el actual gobierno logró acertar en la identificación de las necesidades centrales –materiales y simbólicas-y aspiraciones de inclusión socioeconómica que la población más pobre presentaba a fines de los años 90. No quiero decir que las ha satisfecho y que sus políticas han sido apropiadas; resalto que ha logrado una adecuada detección de tales aspiraciones y ha ensayado políticas redistributivas de coberturas masivas frente a éstas. Desde amplios programas de distribución de alimentos, pensiones, bonificaciones a madres muy pobres, hasta creación de instituciones de educación superior, que con todos sus problemas de diseño, gestión y calidad,  han intentado ofrecerle respuestas a necesidades crónicamente insatisfechas de bachilleres sin cupo, grupos de la 3ª edad sin protección social, mujeres pobres jefas de hogares con varios hijos. De estos segmentos de la población proviene su apoyo más permanente y masivo.
La implementación de políticas expresada en las Misiones Sociales ha logrado, aún con sus severas limitaciones operativas y regresiones -sobre todo desde el 2007/2008-, altas coberturas de acceso a poblaciones muy excluidas, asociando el discurso oficial sobre tales acciones con derechos constitucionales que el gobierno está satisfaciendo. Las Misiones han contado con un considerable grado de participación popular en su ejecución, lo cual ha contribuido a la identificación de la población de tales sectores con las mismas. La recientemente propuesta Ley de Misiones por la MUD no deja de ser un reconocimiento a los niveles de aceptación popular de éstas, a pesar del clientelismo, sectarismo y manipulación partidista que han presentado.
La implementación de las Misiones ha descansado en Fundaciones -mecanismos paralelos a la burocracia de la administración pública centralizada-, adscritas a la Presidencia y VicePresidencia y a ministerios, realizando en sus primeras ejecuciones operaciones fluidas y dinámicas, pero posteriormente han sido devoradas por la ineficiencia, conflictos internos de poder, manejo irregular de recursos y contratación precaria de su personal.
Precisamente la calidad de la gestión gubernamental y sus resultados –más que otras variables ideológicas o políticas-, conspira contra la permanencia de la actual élite en el poder, seriamente comprometida por un modelo de Estado hipercentralizado, autocrático, altamente discrecional,  sin control real de gestión, dirigido por élites militares y civiles exentas de evaluación que actúan simultáneamente como dirigentes del partido de gobierno. Este control pleno de los poderes del Estado por el Presidente y de su fusión con el Partido de gobierno -parte central del proyecto político del Presidente- es la causa principal de una de sus mayores debilidades. La gestión del sistema eléctrico, de salud, penitenciario,  de infraestructura vial ó de la seguridad pública son evidencias incontrastables de la verdadera metástasis de la gestión gubernamental.
El llamado “Hiperliderazgo” del Presidente, ejercicio de gobierno centrado en la acumulación y centralización del poder y en la exaltación continua de su figura,  así como le  ha generado apoyos a su figura carismática y al gobierno, también se ha convertido en la principal vulnerabilidad del “proceso” dada la dependencia excesiva y determinante de un solo líder y la ausencia de una institucionalidad que funcione al margen de su extremo personalismo y de la dinámica partidista-electoral.
Tal vulnerabilidad se ha vuelto dramática ante la seria enfermedad que lo aqueja, agudizando los irresolubles problemas de la gestión gubernamental y sometiendo tanto a sus seguidores como al resto del país a la total incertidumbre sobre la magnitud de la misma y su posible evolución, demostrando que un Estado y un Partido no se pueden soportar sobre el liderazgo de una persona y que los regímenes autocráticos tienden a ser anacrónicos, inviables y están destinados a desaparecer. En las elecciones del 7-O se expresará sin dudas esa una nueva mayoría que viene gestándose desde los tiempos de la derrota de la Reforma Constitucional, que seguramente liquidará el anacronismo, en la compleja Venezuela actual, de un Estado-Partido dirigido por una figura mesiánica y carismática.