Para el próximo 16 de julio fue convocada la primera audiencia del juicio que se seguirá al abogado José Amalio Graterol, quien fue acusado por el delito de “obstrucción a la justicia”, presuntamente cometido durante el ejercicio de la defensa privada de un ciudadano.
Así lo dió a conocer este martes la representante legal del jurista, Thelma Fernández, quien recibió una boleta de notificación emitida por el Tribunal 3° de Juicio del estado Vargas, para iniciar el proceso oral y público que fue solicitado por el Ministerio Público bajo la figura de procedimiento abreviado.
Cabe recordar, esta causa comenzó el 4 de junio pasado, cuando el jurista resultó aprehendido y sacado esposado de la sala de audiencias donde transcurría un acto judicial en el circuito penal de la entidad costera, tras discutir con la jueza quien pretendía llevar a cabo el proceso sin la presencia del acusado y cliente.
Transcurrida casi bajo detención preventiva, Graterol finalmente fue presentado e imputado por el delito antes señalado, lo que generó reacciones entre el gremio del Derecho que calificó el hecho como una medida política de amedrentamiento.
El penalista es conocido por ser el abogado defensor de la jueza reconocida internacionalmente como presa política de Chávez, María Lourdes Afiuni.
En relación con este caso, la abogada Fernández advirtió que, coincidencialmente, fue convocado el comienzo del juicio de la ex administradora de justicia para el 9 de julio, es decir, una semana antes que su abogado defensor.
Si efectivamente llegara a arrancar el postergado proceso oral y público de Afiuni, significa que se darían ambos de manera simultánea, lo que impediría al representante legal asistir a su defendida.
La reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) por parte del presidente de la República, añadió una nueva norma calificada por juristas y defensores de derechos humanos como inconstitucional, que establece que podrán concretarse audiencias de juicio sin la presencia del acusado, cuando éste se encuentra detenido pero se niega a presentarse al proceso.
Tal es el caso específico de la jueza Afiuni, quien desde hace más de un año se atiene al artículo 350 de la Constitución (desobediencia civil), al denunciar reiteradamente el carácter político de su proceso y la falta de garantías de imparcialidad de los administradores del justicia.
Existe la expectativa de que, con la entrada en vigencia de parte del nuevo COPP, se imponga a la jueza un defensor público con el fin de iniciar el aplazado acto judicial que conduciría a una condena.
Juristas preocupados por leyes supra constitucionales
A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de Caracas, la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, la Federación Venezolana de Abogados, Ombudsman capítulo Venezuela, la Federación Interamericana de Abogados y el Frente Nacional de Abogados, fijaron posición acerca de los decretos leyes emitidos por el jefe de Estado, Hugo Chávez, en los últimos días de vigencia de la Ley Habilitante que lo autorizaba a legislar.
Considerando que entre ellos se encuentra el nueco COPP, los juristas calificaron los textos como “supra constitucionales”, los cuales, aseguran, “marcan el fin de la transitoriedad, y con ello la extinción de la libertad del derecho a un juicio justo”.
“Desconocen el derecho a una juicio justo, mediante la negación de garantías fundamentales como la presunción de inocencia, a ser oído, el derecho a la defensa, en fin, al debido proceso, mediante la legalización de prácticas arbitrarias e injustas, con el agravante de un reforzamiento de la intimidación a través de la militarización de los tribunales”, señaló Elinor Montes en representación del gremio de abogados venezolanos.
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