La admisión de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, en momentos que Paraguay está suspendido del bloque sudamericano, despertó cuestionamientos en la región y dudas sobre la legalidad de la decisión tomada por los gobernantes de Argentina, Brasil y Uruguay.
Venezuela, el país con las mayores reservas energéticas de Sudamérica y un importante mercado consumidor, esperaba este momento desde 2006, cuando firmó su adhesión a la unión aduanera. La demora se debía a la falta de decisión del legislativo paraguayo, que nunca sometió a votación el tratado de adhesión pese a que fue aprobado por los tres socios restantes.
El canciller paraguayo José Félix Fernández advirtió que la incorporación carece de base legal y abre las posibilidades de una denuncia en los tribunales internacionales de justicia.
En cambio, varios analistas consideraron que la incorporación fue legítima, ya que al estar suspendido Paraguay bajo la llamada cláusula democrática del Mercosur debido a la destitución del presidente Fernando Lugo, los otros tres países quedaron en libertad de acción.
«Del punto de vista formal fue legal, fue una decisión de consenso de los tres presidentes», comentó el martes a The Associated Press el profesor de relaciones internacionales Antonio Jorge Ramalho, de la Universidad de Brasilia. «Según el tratado del Mercosur, las decisiones en el bloque se toman por consenso».
Para el consultor económico argerntino Mauricio Claverí, de Abeceb.com, la suspensión de Paraguay permitió que los restantes países socios tomaran una decisión legal.
Sostuvo que el acuerdo «está basado en la normativa y es legítima porque Paraguay fue suspendido no solo de participar en Mercosur y discutir sus decisiones, sino también de votar decisiones y vetarlas».
La cancillería argentina explicó en un comunicado que la incorporación del nuevo socio de Mercosur fue decidida por los tres presidentes que participaron de la cumbre después de consultar con sus cancillerías y sus asesores legales, quienes constataron que se trata de una acción compatible con la normativa del Mercosur y de los estados miembros.
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