Los hechos transcurridos desde cuando el Congreso paraguayo remueve de su cargo al presidente y ex obispo Fernando Lugo, hasta el momento en que MERCOSUR y luego UNASUR expulsan al Paraguay de sus organizaciones y el primero admite la membrecía de Venezuela – rechazada hasta la hora anterior por el parlamento democrático de aquél por atentar su gobierno contra la democracia – dibujan con trazos indelebles a la bizarra – extravagante – «democracia del sur».
Sus gobernantes, monarcas tropicales, son fieles a las enseñanzas políticas de Simón Bolívar, El Libertador. Con sus excepciones, son demócratas “a la bolivariana”, tal y como lo logra hacer realidad el soldado quien, desde Caracas – y ayudado por La Habana – les sirve como eje y es su patrono económico.
Bolívar, por el sobre el agua que bebe de la fuente revolucionaria francesa y su Ilustración, opta por el modelo de Estado fuerte constante en su proyecto constitucional de 1819. El mismo, que es una matización de la república romana, que impide la insubordinación del pueblo frente a sus magistrados y para lo cual éstos cuentan con el favor de un Senado vitalicio que a su vez «interpreta» el querer popular, le sirve al Libertador de muletilla antes de asumir a plenitud y como propio el legado de Napoleón Bonaparte.
Condena, nominalmente y hacia fuera, a la monarquía por exigencias de su proyecto de independencia frente a la España borbónica. Pero cosa distinta es, para él, la atadura indispensable, hacia adentro, de las comarcas iberoamericanas, cuyas libertades busca tutelar para alejarlas de las “patrias bobas” que imaginan los próceres civiles.
Hacia 1826, por ende, imagina al presidente o primer mandatario como vitalicio, dotado de facultad hasta para designar a su sucesor. De allí que no debe sorprender que hoy nuestros gobernantes se afanen en la reelección a perpetuidad o en su defecto le ceden su espacio a las consortes o los hijos.
«El Presidente de la República – argumenta Bolívar – viene a ser en nuestra constitución como el sol firme en su centro que da vida al universo.» Y nos recuerda que «los libertadores – léase los hombres de armas – son acreedores a ocupar siempre un alto rango en la república que les debe su existencia».
Los actuales gobernantes del sur, en su mayoría, prosternan a los dictadores militares, pero sólo si son de derechas o no son ellos, vestidos de paisano. Gobernantes y gobernados somos presa de una Torre de Babel. No nos entendemos los unos a los otros, pues unos hablan de democracia pensando en las monarquías electas y condenan la protesta popular o el cuestionamiento que sufren por los parlamentos o de la opinión pública a través de la prensa, por considerarlos anti-democráticos, «destituyentes», golpistas. Y otros, al decir ¡democracia! imaginamos a los gobernantes como servidores sujetos a control y con mandatos limitados, atados al Estado de Derecho – es decir a los ciudadanos y sus derechos – y respetuosos de los demás poderes del mismo Estado que les vigilan.
Todos a uno en sur, por lo visto, hablamos español, pero cada uno le otorga a las mismas palabras contenidos divergentes. Antes que una crisis “en” o de nuestras democracias padecemos de dislexia democrática.
Una simple comparación entre los textos de la Carta Democrática Interamericana adoptada por la OEA, que rige para las Américas o el mismo Protocolo de Ushuaia para el MERCOSUR, por una parte y, por la otra el Protocolo “democrático” de la UNASUR, adoptado por los presidentes del sur, basta para constatar lo antes dicho. Los primeros textos entienden a la democracia como un derecho de los pueblos que los gobernantes han de respetar y garantizar. El segundo ve a la democracia como la estabilidad de empleo de los gobernantes una vez electos.
La Carta demanda elecciones, pero no le basta. Exige separación de poderes, sujeción de los gobernantes al Estado de Derecho, pluralidad de actores e ideas políticas – no hay un único sol en la democracia – y, por sobre todo, fija la primacía de los derechos humanos ante el orden estatal y sus funcionarios. Según la UNASUR la democracia es preferencia por el gobernante, contra la cual no pueden atentar los demás órganos constitucionales, ni siquiera la propia Constitución. Y si éste, durante su ejercicio, le pone punto final a la disidencia u oposición, hasta persiguiéndola judicialmente, o controla bajo su férrea mano a todo el Estado y la sociedad, es un demócrata a cabalidad.
En el marco de la OEA, ante los atentados o fracturas de la democracia, procede el diálogo, la presión diplomática sobre el Estado y la protección de la sociedad que es víctima del gobernante de turno, antes de aplicar las sanciones que sean pertinentes o excluir al respectivo gobierno de su seno. En UNASUR sus gobernantes deciden y sancionan por consenso, sin escuchar a las sociedades o a los demás poderes públicos del Estado, y sin otorgarle a éstos derecho a la defensa. Luego siguen, si caben, las gestiones diplomáticas. Disparan y luego averiguan, si les interesa.
En el Paraguay existe un Congreso plural y deliberante, que discrepa y evalúa a diario a su Presidente y decide, luego de oírlo «brevemente» o a sus abogados – como así ocurre con el ex presidente Lugo – si le retira o no la confianza, es decir, si lo condena o no «politicamente» provocando su destitución.
Ese mismo parlamento, antes de lo anterior, en nombre del pueblo quien lo elige, analiza y considera inviable aceptar a Venezuela en el MERCOSUR por considerar a su gobierno un violador contumaz de los estándares democráticos que rigen en las Américas y el mundo. Mas, para los mandatarios de UNASUR y según sus entendimientos sobre la democracia, los paraguayos han agredido a la democracia, a su Jefe del Estado y al propio gobernante de Caracas. La consecuencia, en suma, era de esperarse.
Los gobernantes de MERCOSUR, sin debate ni juicio, al rompe, deciden desestimar cuanto hacen de modo casi unánime los diputados y senadores popularmente electos del Uruguay y en acuerdo a la Constitución. Y a la manera de la Santa Alianza incorporan a Venezuela y expulsan al Paraguay de su concierto. Lo de la falta del “debido proceso” a Lugo – que vale como principio dentro de la OEA y sin perjuicio de la fuerza de los juicios políticos, que no son revisables en sede judicial –huelga todo comentarlo. Se trata de una exquisitez de la democracia representativa y ella no vale para los presidentes del sur, salvo cuando les conviene.
