Crisis en Paraguay

La destitución del Presidente Fernando Lugo por el Congreso de su país, según lo establecido en la Constitución Nacional de Paraguay, aceptaba por él bajo protesta, porque considera que se ha afectado la democracia paraguaya, ha provocado la reacción violenta de varios presidentes latinoamericanos, particularmente de Hugo Chávez, cuyos voceros denuncian un golpe de Estado, en nombre del golpista del 4 de Febrero de 1992.
Algunos más comedidos señalan que no se respetó el debido proceso y se realizó un juicio en pocas horas, que no le dio oportunidad al mandatario destituido de reflexionar en profanidad acerca de su defensa, protesta que los coloca a casi todos como verdaderos campeones del Estado de Derecho, especialmente a quienes tienen presos políticos y hasta comunes a los que se les ha violado, precisamente, el debido proceso.
Y aunque la situación política que atraviesan los paraguayos es difícil, sobre todo para el nuevo Presidente, la mayoría de los protestatarios ha actuado con cinismo y han quedado en el ridículo cuando la Corte Suprema de Justicia de ese país rechaza una acción de inconstitucionalidad, intentada por los abogados del Presidente destituido.
Mientras el ex –Presidente Lugo llama a sus partidarios a manifestar pacíficamente en defensa de sus derechos ciudadanos, algunos gobernantes hispanoamericanos o sus voceros se movilizan por el continente para sancionar al gobierno interino nombrado por el Congreso de Paraguay, y por la iracundia de sus acusaciones, pareciera estarse preparando para sancionar a ese pequeño país decretando un bloqueo económico. Los más virulentos como Chávez ordena a su Ministro de Petróleo no enviarle más este producto, violando el protocolo del Convenio Energético con Paraguay que establece que la comunicación, en caso de rompimiento de dicho convenio, debe ser por escrito y que entraría en vigencia a los 90 días. Seguramente, el bloqueo que aspira Hugo Chávez, es más severo que el que el Imperio mantiene contra Cuba, y contra el que protestan a gritos estos mismos gobernantes que cuestionan una decisión tomada por un Congreso Democrático. En el caso paraguayo lo que ven es el peligro que corren ellos en sus países, si funcionara la independencia de los Poderes Públicos.
Afortunadamente para el pueblo paraguayo que sin duda alguna sería el castigado por los posibles gobernantes bloqueadores de su pequeña economía, el Imperio y la Unión Europea llaman al diálogo y a buscar soluciones pacíficas en el marco de la Constitución del Paraguay. Someter al sufrimiento sin límites, al hambre y a la mendicidad, como dicen que pasa en Cuba, a un pueblo porque su Congreso electo democráticamente, en el que están representados todas las tendencias políticas, incluyendo la del ex –Presidente Fernando Lugo, tomaron una decisión en pocas horas de destituir constitucionalmente al primer Magistrado, no tiene otra explicación lógica y elemental que los presidentes que defienden a Lugo, se defienden a sí mismo, y no a la democracia y menos a la población paraguaya.
Hoy, Paraguay atraviesa un momento crítico y requiere la colaboración pacífica de sus vecinos, que deberían actuar pensando, primero en el diálogo y luego en estimular a que los propios paraguayos encuentren la solución.
Que el ex –Presidente Lugo nombre un gabinete de sombra para vigilar la actuación del nuevo gobierno, es un derecho legítimo, que tiene todo ciudadano, no sólo para monitorear el desempeño de una administración pública dirigida por un Presidente adverso, sino también comandada por un Jefe de Estado por quien haya votado en las elecciones respectivas. Incluso en el mundo democrático globalizado, los gobiernos se vigilan unos a otros porque todos están obligados a cumplir tratados y acuerdos internacionales, que han aprobado y ratificado, como la defensa de los Derechos Humanos, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Ningún Presidente democrático puede cometer o permitir que funcionarios suyos consuman delitos de lesa humanidad, sin tener que responder ante la justicia tanto nacional como internacional.
De allí que lo sucedido en Paraguay incumbe, primero y en lo fundamental a los paraguayos, pero el mundo democrático tiene derecho a opinar y actuar democráticamente para ayudar a buscar una solución. Las amenazas de Hugo Chávez y otros experimentados golpistas, que han alzado batallones contra gobiernos civiles, no tienen ninguna pertinencia en la sociedad democrática contemporánea.