La entrada en vigencia de un decreto-ley que estaba en fase de proyecto y que fue promulgado el último día de la ley Habilitante, denunció este miércoles el abogado y miembro de Proyecto Venezuela, Alfredo Romero.
Acompañado por los diputados a la Asamblea Nacional por esa tolda, Carlos Berrizbeitia y Vestalia Sanpedro, el penalista se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia para interponer un recurso de nulidad, por inconstitucionalidad, contra el «Proyecto de decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica para la gestión comunitaria de competencias, servicios y otras atribuciones».
«Se publicó en la Gaceta Oficial N° 6.079, de fecha 15 de junio, un proyecto de decreto ley, mas no el decreto ley. Quiere decir que la nulidad de por sí parte del mismo título, a pesar de que fue decidido su carácter orgánico la Sala Constitucional no se refirió a esta circunstancia», señaló Romero.
Los parlamentarios y el abogado señalaron una serie de indicios que apuntan a que este instrumento legal efectivamente no estaba completo, y que fue promulgado tal como estaba para evitar que se venciera el lapso dado por el Parlamento al jefe de Estado para legislar vía decreto ley.
«El mismo esta suscrito por el presidente de la República a mano, quiere decir que por algún error, lo cual es importante considerar, se publicó y aprobó un proyecto como bien lo señala la Gaceta, cuando el proyecto como tal no puede tener carácter vinculante. El contexto de esto es que se venció el lapso que tenía el jefe de Estado y se publicó un texto que no era el definitivo», explicó el penalista.
Este hecho, agregó Romero, contradice la Constitución que establece que «en modo alguno se puede aprobar y menos aún publicar un proyecto de decreto ley».
<strong>El fondo</strong>
Mas allá de las irregularidades de forma, la impugnación se sustenta en fallas de fondo que lesionan derechos ciudadanos establecidos en la Carta Magna, tal como el principio de descentralización y la participación popular. El «proyecto de decreto ley» de gestión comunitaria le quita recursos a las alcaldías y le asigna a los consejos comunales, lo que, para los accionantes, se trata de una estrategia de manipulación política que además favorece la corrupción.
«Bien sabemos que los recursos no llegan a los consejos comunales y los que llegan muchas veces son robados por estas instancias y no llegan a las comunidades. Nuestra Constitución establece que las alcaldías son entes controladores y gestores de esos recursos a los efectos de descentralizar a las comunidades organizadas y establecer un esquema de gestión estadal y municipal asociado con el vecino», manifestó.
«No queremos que el país se corrompa, ahora quiere corromper a los vecinos», agregó.
<strong>Alcaldes uníos</strong>
Por su parte, el miembro de la bancada opositora Carlos Berrizbeitia, hizo un llamado a los alcaldes del país «sin importar color político».
«Esta es la eliminación de las alcaldías de todo el país, sería el primer paso para eliminar un poder que esta más cerca de los vecinos. Tenemos que defender los municipios y luchar, porque este es un paso hacia la vía del comunismo, donde el presidente o el dictador es el único que decide sobre los recursos», manifestó el diputado.
