Las consecuencias de una progresiva sustitución del mercado por el Estado, traerá consecuencias nefastas en la economía del país.
La aseveración la formuló el economista y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Juan José Pérez, en relación a la discusión de la Ley Antimonopolio que se desarrolla en la Asamblea Nacional (AN).
Voceros económicos y líderes políticos de oposición han denunciado que el nuevo instrumento legal limita las libertades económicas, en detrimento de las empresas que a lo largo de los años han consolidado sus marcas y productos, brindando un servicio de la calidad a la población venezolana.
Incluso, el presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal consideró que la normativa parece ir dirigida a castigar el éxito.
Hasta el momento, no hay planteamientos claros que despejen las dudas e inquietudes en cuanto a la injerencia del Estado en las prácticas económicas.
Sin embargo, diputados oficialistas han insistido en que la nueva ley es trascendental porque se desprende de un mandato constitucional y prohíbe de una manera taxativa los monopolios y todas las prácticas de similar naturaleza por parte de privados.
De acuerdo con el proyecto de ley, El Estado tendría mayor discrecionalidad para iniciar procedimientos, sancionar empresas e incluso, expropiarlas.
Según el informe Coyuntura Semanal de Conindustria, la norma también busca más control sobre el sector privado, convertir la revolución socialista en un proceso irreversible (a través del nuevo Plan Socialista 2013-2019) y prevé que algunos sectores que hasta ahora han podido sortear estas políticas, pueden ser objeto de medidas mediante la nueva ley de ser aprobada.
Al respecto, el economista Juan José Pérez destaca que cualquier ley antimonopolio debe evitar prácticas ilícitas tanto el sector público como privado.
Ante la posibilidad de que el Estado sustituya al sector privado de la economía, advierte que el sector oficial no está en la capacidad de asumir de forma individual la producción de bienes y servicios. «Las consecuencias en la economía pueden ser nefastas, lo que se traduce en salarios bajos y desabastecimiento de productos El Estado no tiene la capacidad ni la motivación para sostener la economía».
Explicó el especialista que este modelo ha fracasado inevitablemente en diferentes países del mundo, generando pérdidas económicas considerables. «En Venezuela ya hemos visto muchos casos desagradables. Una vez que el Estado tomó empresas, estas bajaron su producción».
La caída del PIB obliga al Estado a responder a sus compromisos económicos con las ganancias obtenidas por los precios del petróleo. «Este panorama no es muy alentador, tomando en cuenta que la cesta petrolera va en picada en las últimas siete semanas».
Por el bien de la economía, dijo Pérez, es necesario que sector público y privado trabajen en conjunto.
Ilustración: Ediciones especiales
