Al calificarlo como un procedimiento «inconstitucional» y violatorio del debido proceso, Provea rechazó la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, por parte del Congreso de ese país a través de un juicio político.
Por medio de un comunicado emitido este lunes, la organización defensora de derechos humanos rechazó la acción al considerar que se utilizaron criterios políticos y no jurídicos.
«Si bien el juicio político es un mecanismo previsto en la Carta Magna, su celeridad inusitada y el no ajustarse a las garantías de imparcialidad y del derecho a la defensa, coloca dicho procedimiento al margen de la legalidad. En este sentido, Provea coincide con la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual considera que el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay», manifestó la Ong.
Así mismo, la organización venezolana no gubernamental expresó su respaldo a los exhortos hechos por de los movimientos sociales y de derechos humanos de la nación sureña, los cuales están convocando a realizar jornadas de protesta no violenta para rechazar la ruptura constitucional.
«Solicitamos a todos los gobiernos de la región realizar el seguimiento y denuncia de las posibles violaciones a los derechos humanos que pudiesen ocurrir en el país latinoamericano en las próximas horas», indicó el comunicado.
De igual forma, Provea deplora los sucesos ocurridos durante el desalojo en la localidad de Curuguaty los cuales originaron el asesinato de por lo menos 17 personas. «Por ello nos solidarizamos con la exigencia de la coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay solicitando «el esclarecimiento de los hechos, a fin de conocer la verdad acerca del conflicto, sus causas, sus antecedentes, el desarrollo del enfrentamiento ocurrido el 15 de junio y toda la información acerca de las víctimas del suceso y de qué manera ocurrió cada caso, tomando como fuentes tanto la información que puedan dar los efectivos policiales, como el testimonio de campesinos y campesinas que han estado en el lugar y otras personas que han sido conocedoras del caso», señala el texto.
Además, rechazaron el manejo político de la investigación, «que lejos de intentar conseguir la verdad para aplicar justicia, ha buscado desde el comienzo la retaliación partidista».
Rechazo al bloqueo
La organización defensora de DDHH también instó a la comunidad internacional a desarrollar acciones diplomáticas que no vulneren los derechos humanos del pueblo paraguayo. En este sentido, condenó el anuncio hecho por algunos gobiernos de la región de imponer sanciones económicas a Paraguay.
«Como ha sido demostrado en las sanciones económicas a países como Cuba o Irak, quienes padecen las consecuencias directas de dichos bloqueos son los sectores más vulnerables de la población, violando sus derechos fundamentales.
Al respecto resaltamos la opinión del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas que sobre las sanciones económicas, ha opinado: «No se debe responder a un comportamiento ilícito con otro comportamiento ilícito».
