Ante la precipitada aprobación de 14 proyectos de leyes, de un solo plumazo en el marco de los poderes especiales concedidos al Jefe del Estado en el marco de la Ley Habilitante, nuevamente se pone en evidencia, que aún cuando existen posibilidades reales para un cambio de gobierno el 7 de octubre, se continúan aplicando medidas orientadas a consolidar el proceso revolucionario.
En efecto, el proyecto político y económico denominado Socialismo del Siglo XXI, según Fedecámaras, pretende asumir la interpretación del sentir de la sociedad venezolana, en una perspectiva «estatista distributiva», es decir consolidar al Estado como ductor de toda la vida nacional, incluso a través de apropiarse de la infraestructura de las empresas por la vía compulsiva de la expropiación injustificada; es así como se ha debilitado, inutilizado y minimizado la iniciativa de la empresa privada, que tantos años de esfuerzos ha costado construir en una Venezuela donde el Estado en vez de ser facilitador de la interacción social, se erige en un controlador todo poderoso contrario a una economía productiva y de trabajo.
Esta visión de la política nos ha llevado a una anarquía económica donde impera la inflación y la pobreza en términos insoportables, donde la población de menores recursos se siente atrapada por un gobierno que intenta dirigir y controlar su vida y el derecho a dedicarse al trabajo de su preferencia.
Lamentablemente, el petróleo ha sido en el transcurso de los últimos 100 años el principal protagonista de nuestra historia, de él depende nuestra bonanza, pero además es el autor directo también de nuestra crisis como nación, en cuanto expresa su impacto en la economía nacional.
En efecto, hoy cuando la renta petrolera, ha generado recursos por más de 1 billón de dólares, la magia de una revolución denominada Socialismo del Siglo XXI, ha logrado en cerca de 14 años, contrario a toda lógica económica, generar un proceso de involución social, que se expresa no solo en el deterioro de la infraestructura física y humana de la nación, sino que ha hecho vulnerable nuestra forma de convivir como sociedad democrática.
En todo caso, las cifras no mienten y si consideramos que el Cendas-Fmv, para el mes de mayo de 2012, la Canasta Alimentaria ascendió a 3.769,18 bolívares, más de dos salarios mínimos y la Canasta Básica a Bs. 8. 217,17, es decir más de 4 salarios mínimos, estamos en presencia de una composición social que refleja que sólo un 5% de la población es próspera, ya que sus ingresos superan 6 canasta básicas, cerca de 50.000 bolívares; el peso de alimentos en las clases Pobre, Crítica y Extrema, es significativamente alto, con tendencia a subir si los ingresos familiares no son ajustados vía salario.
Se requieren de 4.130.000 viviendas dignas para albergar a 19 millones de venezolanos que viven en condiciones críticas que ameritan reubicación o requieren cualidades de urbanismo y condiciones para vivir dignamente.
De acuerdo con las últimas cifras del INE, para el mes de mayo, 7,9% de la población está desempleada, y más de 5.000.000 millones de venezolanos trabajan en la economía informal.
En la última década se han perdido 2 millones de empleos, hay 12.000 industrias menos, faltando asimismo 120.000 empleadores que ya no forman parte del aparato productivo.
De las 6.420.000 familias que constituyen la sociedad venezolana de 29,3 millones de habitantes, solo viven aceptablemente 2.880.000 familias es decir, el 45% de la población.
Pero eso no es todo
Señalan asimismo los empresarios, que a estas cifras reveladoras y alarmantes, para gobierno que como el actual, ha administrado una riqueza petrolera providencial, hay que agregar que nuestros servicios públicos y la asistencia social se encuentran entre los de peor desempeño del mundo. Incluso la educación pública ha descendido a niveles preocupantes para el futuro de nuestro país.
El pueblo de menores recursos económicos y como consecuencia de ello con una educación deficiente en términos de calidad y oportunidad, se debate entre la dádiva del gobierno a través de programas y misiones, que no son perdurables en el tiempo, el sub empleo y la informalidad.
De allí que ya se ha hecho un lugar común las protestas de trabajadores, estudiantes, amas de casa y de toda la población en general, que se manifiestan a lo largo y ancho de todo el país, con el agravante que entre el 75% y el 80% de estas protestas las realizan gente vinculada con el proceso, ante las promesas incumplidas.
Para completar el escenario, las políticas públicas del gobierno siguen repitiendo los errores del pasado: Gasto del Gobierno descontrolado y sin ninguna disciplina, al extremo que muchos ministros han puesto cara de sorpresa ante los anuncios presidenciales; endeudamiento externo e interno acelerado, principalmente para más gastos descuidando la inversión productiva; subsidios crecientes e indiscriminados, sin ninguna planificación social y economía que incorpore a la clase pobre al trabajo formal y productivo, para superar la pobreza; empresas públicas ineficientes y costosas; desconocimiento del rumbo de la economía y con una dependencia absoluta de las exportaciones petroleras (93%) y como consecuencia de ello importaciones irracionales para atender una demanda de bienes y servicios que no se corresponde con la producción interna.
