La promulgación de leyes sin la consulta de los sectores afectados es definitivamente un error. Así expresó Shoymei Lau, Presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, quien destacó que ninguno de los sectores relacionados con el área de viviendas han sido consultados para la construcción de leyes que reactivan sus operaciones económicas. «Con todo el respeto que el Presidente se merece, creo como venezolana y como representante de un gremio importante en Venezuela, que no es posible que no se tome en cuenta la opinión del sector privado para la aprobación de leyes. No pueden seguir actuando de forma inconsulta, pues están violando la Constitución».
El Jefe de Estado aprobó vía Habilitante la Ley de Terrenos Urbanos y Vivienda, con la cual otorgó poderes especiales a las comunidades para ocupar los terrenos considerados ociosos o subutilizados, por la situación de emergencia a causa de las lluvias.
Los promotores inmobiliarios tampoco fueron incluidos en la discusión de la Ley de Arrendamiento de Viviendas y la Ley Contra Estafa Inmobiliaria, pese a los continuos llamados formulados a los diputados de la Asamblea Nacional.
Este viernes, el Presidente Chávez aprobó mediante poderes habilitantes, la reforma a la Ley de Vivienda, con la cual el Banco Nacional de Vivienda (Banavih) tendrá funciones adicionales que le permitirán hacer seguimiento a las empresas sobre las contribuciones de los trabajadores al Fondo de Ahorro de Vivienda (FAOV). «Desde hace unos meses, el Estado le está quitando las funciones a los municipios. Los constructores ya no gozan una de una certificación de las variables o un permiso de construcción, sino que tienen que ir a Caracas a pedir la aprobación del proyecto al Banavih y optar a créditos al constructor de la banca privada».
A juicio de Lau, la centralización está eliminando las victorias alcanzadas en 1987, cuando se estableció la Ley Orgánica de Ordenamiento Urbanístico.
Encarecimiento
El costo de las viviendas tiende a incrementarse debido a las excesivas cargas y pago de impuestos que deben enfrentar los constructores.
Contó Lau que la centralización de los permisos en la ciudad de Caracas, obliga a los promotores a trasladar a su equipo de trabajo, incrementando considerablemente los gastos. «La Ley contra la Estafa Inmobiliaria sugiere sanciones de hasta 2 mil 500 unidades tributarias, e incluso la cárcel para algunos promotores. Es una ley punitiva, que en nada contribuye al sector».
Además, la normativa también exige el pago de fianzas exorbitantes, que elevaría el costo de las unidades habitacionales en construcción. «Le sugerimos al ministro de Viviendas que revise las leyes y su impacto. El sector privado ni siquiera podría trabajarle al Gobierno, pues la preferencia es para los empresarios extranjeros».
Otro de los problemas que no ha podido ser resuelto por las autoridades, es la escasez de insumos para la construcción, situación que ha generado especulación y la conformación de un mercado paralelo de cemento y cabillas.
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