En todas las exposiciones y documentos elaborados por organismos sectoriales de la empresa privada, siempre se ha alertado en torno a los riesgos que para la salud financiera de las empresas y para el eficiente funcionamiento del aparato productivo, representa el exceso de cargas tributarias; sin embargo, tanto en el ámbito nacional, como en el regional, se siguen aplicando estas medidas, sin dimensionar el impacto y el daño que pueden ocasionar.
El pasado jueves la Cámara de Industriales del estado Aragua, con documentos en mano, ofreció una conferencia de prensa en torno a la profunda preocupación que hoy existe entre los industriales y comerciantes de esta entidad federal, ante la aplicación de la Ley de Timbres Fiscales, debido a que los montos que se están cobrando son inalcanzables, irracionales y esto en el corto y mediano plazo amenaza con el cierre de empresas y las pérdidas de miles de empleos y desabastecimiento de productos básicos.
La reforma de la Ley de Timbres Fiscales exige pagos exorbitantes por la emisión de cualquier documento o trámite legal necesario para el normal funcionamiento de las empresas, tales como permisos de habitabilidad, uso conforme, licencia de actividades económicas y ficha catastral, otorgados por la Alcaldía; conformidad sanitaria, expedidas por el Ministerio de Salud y permiso de bomberos.
Pero lo que más inquieta, es que en los casos mencionados, la gobernación de esa entidad federal no presta la mayoría de estos servicios, sino que cobra por una estampilla o timbre que debe ser colocado en el documento a tramitar, por lo cual el valor de esta estampilla o timbre generalmente es de baja cuantía.
Hemos querido hacernos eco de esta denuncia de los industriales y comerciantes aragüeños, por cuanto estamos conscientes que en el marco de este proceso revolucionario, cualquier cosa puede ocurrir, y no representaría ninguna sorpresa que en otras alcaldías se pretende aplicar esta misma receta.
No se justifica que a una pequeña empresa de Aragua, que pagaba en el 2009 por un permiso de bomberos Bs. 45, en estos momentos se le pretenda cobrar 1.350 bolívares, lo que equivale a un incremento de 3.000.000%, mientras que en otros estados como Carabobo se paga la mitad de un salario mínimo y en Bolívar el pago es de dos décimas del salario mínimo y en Miranda, 450 bolívares.
En el caso del permiso de conformidad sanitaria, el pago de una empresa pequeña se eleva de 900 bolívares en 1999, a 337.500 bolívares para este año, lo que equivale a un incremento de 37.400%, mientras que en Carabobo la tarifa es de 900 bolívares y en Miranda 270 bolívares; mientras que una empresa grande, por ese mismo papel que pagaba 900 bolívares en el 2009, hoy tiene que pagar 2.025.000, es decir un incremento de 225.000%.
Es tal la aberración que se observa en estos cobros, que una ficha catastral puede incrementarse hasta en 6.249.900% para una pequeña empresa y hasta 37.500.000% para una grande; por la conformidad de uso se paga 49.900% para una pequeña empresa y hasta 300.000% para una grande y por la licencia de actividades económicas el incremento es de 63.900% para la pequeña empresa y de hasta 64.000% para una grande.
La angustia es creciente, por cuanto actualmente la gobernación se encuentra fiscalizando el cumplimiento de esta norma, ha cerrado empresas y amenaza con continuar con esta práctica, incluso indefinidamente, contra empresas que no han podido cumplir con los pagos respectivos, a pesar de que las organizaciones gremiales regionales han estado conversando desde hace meses con los representantes de la Asamblea Legislativa y con el propio Gobernador, pero los cobros y las amenazas siguen su curso.
Algunas consecuencias
Esta situación que hoy viven cientos de empresas, aunada a la cantidad de otras contribuciones fiscales y parafiscales que deben honrar las empresas, tanto en el ámbito nacional, regional como municipal, podría conducir al cierre de muchas de estas unidades productivas, bien porque preferirán desplazarse hacia otros estados con menor carga impositiva o porque simplemente quedarán descapitalizadas y sin capacidad para seguir produciendo.
Otro impacto será la pérdida de empleos y el desabastecimiento de bienes y servicios, con un impacto significativo sobre los precios de dichos productos y sobre la inflación en esta entidad federal, que según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, es el tercer estado industrial del país, en el cual se encuentran asentadas 1.234 empresas manufactureras que generan 63.200 empleos directos.
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades regionales, ante los reclamos de los sectores de la producción, el empresariado organizado evalúa tomar acciones legales que permitan proteger a las empresas de los efectos de tan injusta medida que, por lo demás, va en contra de las intenciones expresadas por el ministro de Planificación y el presidente del Banco Central de Venezuela, en cuanto a trabajar para derrotar la inflación y generar empleo.
Los gremios empresariales están haciendo un llamado a las autoridades de la gobernación de la entidad, para que reactiven las mesas de diálogo y suspendan la aplicación de la ley y los procedimientos de cierre, hasta tanto se encuentre una solución a esta problemática que afecta la producción y comercialización de bienes y servicios en el país.
