El Gobierno estudia la posibilidad de que los delitos cuyas penas no exceden los ocho años sean investigados por cuerpos policiales regionales y municipales.
Esto a propósito de la reforma al sistema de justicia penal. La secretaria del Consejo General de Policía, Soraya el Achkar, explicó en un seminario que las pesquisas de casos referidos a hurtos, lesiones leves y violencia familiar podrían ser realizados por estas policías para descargar responsabilidad a la policía judicial.
El diario El Nacional resalta que ese cambio ya fue mencionado también en el primer documento sobre la Gran Misión a Toda Vida que presentó el presidente Chávez el pasado mayo sobre la “refundación del Cicpc” que pretende hacer que los funcionarios sólo hagan investigaciones penales.
La Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en vigor desde el año 2000, los califica “de apoyo”, y los coloca en el mismo grupo de los bomberos, el Saime, la Contraloría General y el Sebin. Sus agentes, por regla general, llegan primero al sitio del suceso y deben resguardarlo, al tiempo que deben contribuir a la identificación plena de los posibles testigos.
Pero la Ley contra el Secuestro y la Extorsión de 2009 establece que estas instituciones deberán crear “unidades especializadas de prevención e investigación” contra tales delitos, lo cual abrió un espacio para que la Policía de Miranda activara una división dedicada exclusivamente a la materia.
