Crónicas de Facundo
Entre barbarie y civilización
La aparente diatriba que surge entre la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales Lamuño, y la procuradora general, Cilia Flores, en un torneo de declaraciones en el que tercia la Ministra de los «pranes», afirmando la primera – para desmentir a éstas – que la reforma procesal penal en modo alguno consagra el juicio en ausencia, carece de relevancia jurídica; tanto como es trivial o inútil debatir hoy acerca de la eliminación que ocurre de los escabinos – jueces ciudadanos quienes deciden en colegiado junto al juez titular o profesional – para consagrar en su defecto la justicia popular o asamblearia.
¿Y es que acaso puede esperarse algo distinto de quien, a la manera de los bárbaros, legisla con su dedo y dicta una ley procesal penal con base en una habilitación que nace de un golpe de Estado a la soberanía popular nada diferente del que profiere en 1933 Adolf Hitler, cuando obtiene del parlamento alemán una ley que lo habilita hasta para desviarse de la Constitución?
Nuestra memoria colectiva es todavía un artículo de lujo. Cabe volver, pues, a diciembre de 2010, momento en el que la Asamblea moribunda de la revolución es derrotada y «desapoderada» por los votos del pueblo. A la sazón ésta decide arrebatarse, y le transfiere al pro-cónsul quien nos gobierna en nombre de los hermanos Castro los poderes legislativos de los que ya carece y por sobre un tiempo constitucional que le roba a la actual Asamblea Nacional, donde la oposición representa al 52% del pueblo venezolano.
En una sociedad civilizada, no solo democrática, el representante quien pierde la elección, desde el día de la derrota tiene el pudor de no comprometer con su hacer la gestión de quien le ha de suceder; y lo normal es que dialoguen uno y otro sobre las decisiones pendientes y previas a la inauguración del nuevo mandato popular. Ello no es óbice para afirmar que todo parlamento o gobierno, como el mar, gobierna hasta en las orillas. Quienes, por el contrario, tienen el alma corrompida y creen en la libertad disoluta propia – en la licencia para pisotear el derecho ajeno – y que poseen mientras les dura la arbitrariedad, de ordinario abandonan el poder raspando la olla y hasta se llevan el papel sanitario de la oficina pública que ocupan.
De modo que el asunto en cuestión es más de fondo. Se reduce al dilema entre civilización y barbarie, decencia e indecencia, vigencia de un Estado que sirve a la ley y otro que se sirve del delito y los delincuentes, y acerca del mismo es muy famoso el memorial de Facundo, escrito por Domingo Faustino Sarmiento.
En países normales, cuando un congreso pierde las elecciones y de suyo también el gobierno que se beneficia de su coalición, acto seguido aquél suspende – por respeto a la soberanía popular – el trámite de nuevas leyes e incluso la aprobación de las cursantes, salvo las de urgencia.
Dentro de la inconstitucionalidad no cabe dirimir acerca de lo constitucional o inconstitucional, legal o ilegal, tal y como lo hace con frialdad y cinismo inenarrables la señora Morales para afirmar que el nuevo COPP está apegado a la Constitución. Sí cabe decir, antes bien, que nunca – como juez – ella ha contrariado la voluntad del dictador. Tampoco repara en lo elemental, a pesar de ser la primera responsable ante el país y la historia de los dislates de los poderes a quienes por omisión o colusión no controla judicialmente, y es que las leyes que afectan a derechos humanos y libertades públicas únicamente son legítimas cuando provienen directamente de un cuerpo legislativo electo popularmente y con apego estricto al orden constitucional democrático. Ningún gobernante puede gobernar en democracia legibus solutus – más allá de la ley – así se lo permitan sus legisladores o los jueces mediantes actos de complicidad dictatorial.
En suma, de cuanto ocurre, lo que cabe es tomar debida nota.
En 1942, mucho antes de concluir la Segunda Gran Guerra del siglo XX y celebrarse los juicios de Nüremberg, son elaboradas las listas de quienes luego responden por sus crímenes de lesa humanidad. Llegado el momento, como es propio a la fatalidad histórica, la mano de la Justicia llega, sin espíritu de venganza, pero llega para juzgar y de modo implacable.
Cuando se les pregunta a quienes entonces apoyan y hacen posible el acto de Justicia universal que sobreviene al Holocausto por las garantías procesales de quienes se las niegan al pueblo alemán y judío masacrándolos en nombre de la ley y su dictador, la opinión de aquéllos es concluyente: Se juzga al mal absoluto, al régimen que acaba con la civilización y es criminal. No solo se juzga al individuo, llámese Hess, quien luego nada recuerda, o apellídese Keitel, quien dice cumplir órdenes superiores.
