Diversas han sido las opiniones en torno a la Ley Antimonopolio y otras Prácticas Similares, cuya discusión se desarrolla en el seno de la Asamblea Nacional (AN).
Algunos sectores rechazan de antemano el espíritu de la norma, por cuanto tiende al exceso en cuanto a la regulación de las actividades comerciales del sector privado.
En días recientes, diputados oficialistas defendieron el proyecto de ley, el cual no «pretende expropiar las empresas ni mucho menos desconocer la propiedad privada» sino acabar con la usura, inflación y el acaparamiento, producto de las prácticas monopólicas que llevan a cabo algunos sectores, según expresó el diputado José Alfredo Ureña.
Otros especialistas en el área, aseguran que es necesario esperar el proyecto final para realizar las críticas pertinentes y alertar a la población.
Según versiones extraoficiales, la Ley Antimonopolio y otras Prácticas Similares prohíbe de forma definitiva los monopolios y todas las actividades de similar naturaleza de parte de privados.
El gran debate se ha encendido, por cuanto las regulaciones no incluyen del todo a las empresas públicas.
Así expresó el presidente de Fedecámaras, Elías Bessis, quien también destacó que toda normativa debe tener un equilibrio que garantice su aplicabilidad. «En el mercado venezolano tenemos muchas empresas que manejan diferentes marcas. Ellas generan competencia entre sus productos con la calidad, los precios y características específicas. Con esta ley, no vamos a ver este tipo de actividades. Lo mismo ocurrirá en aquellos casos donde con un solo registro, se manejen varias marcas dentro de un centro comercial».
Bessis denunció que la norma no se le aplicará al Estado, el cual es el principal monopolista en empresas de alimentos y de construcción. «La Ley Antimonopolio tiene nombre y apellido. Estamos conscientes de que debe evitarse el monopolio, pero esto debe incluir tanto al Estado como a la empresa privada».
La gran preocupación de los empresarios se basa en el contenido ideológico de la ley. Esperan que los diputados de la AN se encarguen de legislar para todos, con un instrumento legal que se ajuste a las verdaderas necesidades de regulación del país.
En este sentido, Bessis recalcó que aguardarán por el proyecto definitivo, para tomar decisiones contundentes en protección a las libertades del sector privado.
Ilustración: Ediciones especiales
