El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró el sábado la prohibición a sus ministros de conceder entrevistas a medios privados, a los que acusa de mercantilistas y de atacar al gobierno con mentiras.
«Con base en una reflexión muy profunda hemos decidido ratificar esa decisión: nuestros ministros y altos funcionarios del gobierno central no irán a dar entrevistas a estos negocios dedicados a la comunicación», dijo Correa en su informe semanal de labores.
El gobernante señaló que la medida se enfoca en los «medios mercantilistas nacionales propiedad de media docena (de) familias», entre los que cuenta a El Universo, El Comercio, La Hora, Expreso, y Hoy, y a las televisoras Ecuavisa y Teleamazonas.
Correa planteó la posibilidad del veto hace una semana, indicando que sería objeto de una reflexión.
«Sabemos que es una lucha durísima pero la daremos, al menos hasta que esta gente cambie su actitud, aunque el problema de fondo es que son negocios privados con fines de lucro proveyendo un derecho», sostuvo.
El jefe de Estado admitió que «hay gente en el gabinete que no está de acuerdo» con la medida, pero enfatizó que es una «decisión que hay que respetar».
«¿Por qué un ministro tiene que dar una entrevista (…) para mejorar el negocio» de ciertos medios, subrayó Correa, quien reveló que «la gota que derramó el vaso» fue una publicación de El Universo sobre el patrimonio del presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN, estatal), Camilo Samán.
El diario trató «de insinuar que había hecho algo irregular por haber sido deudor de la banca», dijo el presidente, quien denunció estar vetado por Ecuavisa y cuestionó que líderes políticos y de opinión no den declaraciones a medios públicos.
«No hay ningún atentado a la libertad de expresión, sino al ‘business’ (negocio) de estos señores», remarcó Correa, y retó a los medios privados a renunciar a la publicidad oficial.
Correa, un economista de izquierda, está enfrentado con un sector de la prensa, al que acusa de querer desestabilizarlo en favor de poderosos grupos afectados por su gestión, que comenzó en 2007.
