El próximo miércoles será entregado el protocolo clínico que regirá la actuación de los médicos para el diagnóstico y retiro programado de los implantes marca PIP, para dar cumplimiento a la sentencia emitida la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se ordenó la extracción gratuita gratuita de las prótesis mamarias.
Así lo dió a conocer la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado, en el que se detalla que el protocolo es producto de una reunión realizada este miércoles entre representantes del Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, el Indepabis, y voceras de los movimientos de mujeres afectadas por las prótesis mamarias PIP.
De acuerdo con lo expresado por la titular de la Defensoría del Pueblo, Garbriela Ramírez, se impondrá a los médicos y clínicas privadas correr con parte de los gastos, a pesar de que la demanda interpuesta por las afectadas apuntaba a las empresas responsables de la distribución y comercialización de las prótesis francesas en el país.
«Esta sentencia es bastante esclarecedora y vanguardista, incluso sienta un precedente global, porque generalmente se asume que el Estado tiene que responder en estos casos, y el TSJ ha venido fallando a favor de que en una sociedad los derechos humanos y las responsabilidades son compartidas; y es importante que la sustitución de los implantes se asuma de manera compartida», afirmó.
También indicó que las Defensorías del Pueblo del mundo «deberían tener un radio de acción sobre el empresariado privado que pueda generar violaciones de derechos humanos». «En esta ocasión el TSJ dictaminó que se trata de un problema de derechos colectivos y difusos, aún cuando toda la cadena, tanto de distribución como de colocación, tiene una naturaleza privada».
Así mismo, Ramírez expresó que es necesario que las empresas y gremios privados comprendan que se demanda una mayor responsabilidad, sobre todo cuando se trata de temas como los derechos humanos, especialmente a salud y a la vida.
«Estamos muy comprometidos con la causa de las víctimas de los implantes PIP, es importante que se diseñe un mecanismo bien cerrado y preciso para que se cumpla la sentencia y podamos hacer justicia para estas personas. Ahora entra la fase de vigilancia en la que estaremos muy pendientes de que se cumpla lo establecido por el TSJ», dijo.
La semana entrante se llevará a cabo una reunión con los representantes la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva, Estética y Maxilofacial, la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, y las empresas importadoras «para informarles las medidas que se han adoptado», señaló la nota de prensa.
Foto: Archivo
