La reforma al Código Orgánico Procesal Penal «es ilegal en su gestión e inconstitucional en su contenido», afirmó la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez.
Subrayó que aunque el TSJ les dé el visto bueno, los cambios carecen de legitimidad debido que el permiso que otorgó la Asamblea Nacional al jefe de Estado para legislar no contempla en ninguno de sus numerales la materia penal.
«Es insólito que hayan dictado eso con la Ley Habilitante. Esta es una reforma que no tiene fundamento, es absolutamente nula de nulidad absoluta, y el Tribunal Supremo de Justicia, como siempre, se hará el ciego y el sordo ante este hecho», manifestó Sosa.
La reforma del COPP, cuyo texto fue aprobado este martes en Consejo de Ministros y pasado al TSJ para que le otorgue el carácter orgánico, fue anunciado por la Procuradora General de la República, Cilia Flores. No obstante, el texto permanece en secreto pues no ha sido difundido a la ciudadanía.
Entre los cambios que han dado a conocer los voceros del Ejecutivo, se encuentran la eliminación de la figura de los escabinos del proceso de juicio, que ahora estará a cargo de tribunales unipersonales. Así mismo, se estipula la incorporación de «los consejos comunales y las misiones», según dijo Flores sin precisar cómo se materializaría; la creación de los tribunales municipales, que procesarán casos de delitos cuya pena es no mayor de 8 años, la posibilidad de incautar bienes de prófugos acusados por delitos graves y la realización de juicios en ausencia del acusado.
Con respecto a esta última disposición, la ex diputada y ahora titular de la Procuraduría General de la República precisó este miércoles: «El que se encuentra detenido y se niega a comparecer que es lo que ocurre muy a menudo, no se paralizará y continuará con su defensor si asiste, si el defensor no asiste se entenderá que abandona la defensa, y se le nombrará su defensor público».
Al analizar la visión gubernamental, Sosa Gómez calificó la medida como una violación del derecho a la defensa, entre otros derechos humanos consagrados en la Constitución. Además, advirtió que la norma fue dictada con el caso de la juez María Lourdes Afiuni en mente.
«Este postulado, si es que efectivamente esta en esos términos, es absolutamente inconstitucional, es aberrante. La Carta Magna parte del principio de que toda persona debe ser juzgada en libertad y que debe estar frente al frente al juez para que sea procesado», señaló.
«La juez Afiuni es una destinataria política clara, pero también todas aquellas personas que han sido imputadas y que han tenido que abandonar el país porque estan conscientes de la situación de la justicia política en Venezuela», agregó la jurista.
Así mismo, al considerar a este último sector de los potenciales afectados por la reforma al COPP, la ex magistrada llamó la atención sobre la inconstitucionalidad de la disposición que apunta a la incautación de bienes, la cual atenta contra el carácter garantista de la Carta Magna que consagra el principio de presunción de inocencia.
«En artículo 271 de la Constitución establece claramente los únicos supuestos bajo los cuales el Estado podría activar el procedimiento para dictar medidas preventivas contra bienes propiedad del imputado para garantizar su eventual responsabilidad civil. Los supuestos son legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada, hechos contra el patrimonio público y contra los derechos humanos», explicó Sosa.
Por otro lado, quien fuese presidenta de la máxima corte cuando el actual mandatario llegó al poder, consideró que la creación de tribunales municipales no debería ser competencia de un código procesal penal sino parte de «la organización de la estructura del Poder Judicial». De igual forma, cuestionó la pertinencia de esta disposición que en su opinión no resolverá el retardo ni la falta de efectividad judicial.
«Esta disposición parece totalmente improvisada. Para resolver el problema de la celeridad procesal deberían comenzar con aumentar el número de jueces, entre los cuales habrá alrededor de 500 dedicados a la jurisdicción penal para atender un millón de causas (según cifras del Ministerio Público)», acotó Sosa.
Finalmente, la ex magistrada hizo un llamado a los conocedores de Derecho en el país y a la sociedad en general a que expresen su rechazo contundente contra las medidas que quiere aplicar el Ejecutivo «para controlar a la sociedad venezolana».
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