A la presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria, Maryolga Girán, no le extrañan los resultados que arrojó el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el cual evidenció el aumento de las protestas en el país durante el mes de mayo, especialmente por reclamos en materia laboral.
A su juicio, existen diferentes elementos que motivan la conflictividad en el ambiente de trabajo, y por tanto, generan serios problemas que atentan contra las actividades de las organizaciones. «Uno de los elementos principales fue la promulgación de una Ley del Trabajo que no cubrió las expectativas de los trabajadores. Esta ley no está para proteger ni incentivar la paz laboral, pues fue redactada con muchas lagunas que dan lugar a dudas, interpretaciones interesadas y genera conflicto».
Contó Girán que el nuevo instrumento legal no aclara los derechos y deberes de cada uno de los actores. «No hubo un solo miembro de la comisión Presidencial que no prometiera la reducción de la jornada para los vigilantes, de hecho, aseguraron que su jornada pasaría de 11 horas a 6. Sin embargo, esa jornada no sufrió ninguna reducción en la Lottt generando inequidad entre los trabajadores porque mientras la mayoría tendrá una propensión a la reducción, los vigilantes no».
La abogada criticó la acción del diputado Francisco Torrealba, quien ofreció declaraciones imprecisas a los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Vigilancia. «Les dijo que la ley era clara al ordenar ocho horas de trabajo. Fue tan grave la situación y tanta la confusión, que hasta el nuevo Consejo Superior del Trabajo prometió aclarar cómo será la jornada de los vigilantes».
Girán destacó que el Gobierno tendrá que reconocer sus errores y el malestar que causó al incumplir sus promesas.
Sector público a revisión
La actuación abusiva de la fuerza pública en contra de las empresas, altera la paz laboral.
Así expresó Girán en relación a la actuación de la Guardia Nacional o policías regionales en el cumplimiento del reenganche inmediato establecido en la Lottt. «Muchas veces, sin permitir la legítima defensa de las empresas, se intenta reenganchar a trabajadores con el uso de la fuerza pública, siendo éste un mecanismo abusivo y de amedrentamiento».
De acuerdo con cifras recabadas por Girán, el 2011 también fue un año de conflictos pues se registraron en el país mil 552 protestas por viviendas, mil 300 por inseguridad y más de tres mil por exigencias laborales. «Si bien es cierto que el 98% de los reclamos laborales fueron dirigidos al sector público, no es menos cierto que el sector privado es afectado por el discurso y por el entorno de polarización entre dos modelos de sociedad, en el que cada uno intenta imponer modelos económicos antagónicos».
Explicó la especialista que con la Lottt el Gobierno ha tratado de revertir la tendencia que tuvo el año pasado, trasladando la conflictividad al sector privado.
Además, denunció que las inspectorías del Trabajo están jugando un rol electoral y no conciliador. «Cuando uno va a la inspectoría y lleva la convención colectiva, el saludo es absolutamente político. No están cumpliendo un rol conciliador sino propagandista electoral».
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