Los regímenes autoritarios al igual que las dictaduras, cuando se aproximan a su término fatal – ni siquiera el Imperio Romano pudo prorrogarse – los actores y colaboradores de los mismos muestran conductas varias, cuyo análisis mejor corresponde a la psiquiatría.
Unos se apresuran a recoger sus trastos para huir a tiempo del tremedal, en tanto que otros buscan negociar un «modus vivendi» a costa de la delación de sus compinches durante el ejercicio arbitrario del poder. Mas se da el caso de terceros quienes arrebatan y enceguecidos por la desesperación que les provoca el cadalzo inevitable hacia el que marchan, optan por profundizar en sus herrores y se tornan aún más peligrosos. Creen que nada tienen que perder, y reaccionan como el enfermo terminal quien – antes que usar el tiempo que le resta en ordenar sus cuentas con la Providencia – decide suicidarse.
A finales de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez eso ocurre en Venezuela, a pesar de que en sus estertores y tratando de ganarle tiempo al tiempo en su inevitable caída el dictador separa de su cargo al Jefe de la Seguridad Nacional, quien viaja al extranjero. Pero algunos de los miembros o secuaces del aparato de terror construido durante la ominosa década militar, apuran el paso en sus tareas de persecusión e intentan que otros venezolanos sean víctimas de sus torturas y sevicia, a la manera de un postre y como diabólico saludo en la despedida.
El viaje hacia Costa Rica y luego a USA del todopoderoso Eladio Aponte Aponte, juez y cabeza de la justicia penal que administra el mismo Gobierno del soldado hoy enfermo – coludido y bajo complacencia de las cabezas del Supremo Tribunal y del Ministerio Público – revela que los ciclos de la historia se repiten al calco. Todo nace, crece, madura y declina antes de morir, según la regla de la anacyclosis que refieren los antiguos griegos.
Aponte, en medio de su tragedia personal y sus muchos crímenes de Estado, no obstante – una vez como los suyos le miden con la misma regla con que ambos miden a sus adversarios – asume su ostracismo con coraje, declarándose consciente del tiempo amargo que le espera. Peca, pero a tiempo hace un acto de contricción que cabe valorar en el plano de lo trascendente, sin mengua de la Justicia a la que ha de someterse inevitablemente.
No todos sus compañeros o camaradas, empero, muestran el mismo talante. Y el caso de la Fiscal Luisa Ortega Díaz es un emblema dentro de ese grupo de quienes, temprano o tarde, han de rendir cuentas y someterse, simplemente, al escrutinio de la ley, pero deciden inmolarse; cosa ésta, el escrutinio, que es diferente del ánimo de venganza que no ha de caber, racionalmente, en el corazón de un demócrata verdadero. !Y es que todo funcionario público, venga o no de servir a una satrapía, debe rendir cuentas de su gestión!
No es del caso reiterar en los muchos hechos, contrarios al Estado de Derecho y a sus deberes constitucionales, que comprometen a la Fiscal y de cuyo registro hay constancia suficiente. La memoria de la historia sólo queda para los anaqueles de la historia en las sociedades donde la ética democrática brilla por su ausencia. Pero ese no es el caso de Venezuela, donde ocurre la muerte moral de la República pero cuyos ciudadanos – eso que se llama la sociedad civil – sostienen en alto el ánimo necesario para la reconstrucción.
Lo ocurrido recién con el caso del abogado José Amalio Graterol y el desprecio público que muestra la misma Fiscal hacia la tutela interamericana de derechos humanos, arguyendo razones baratas y propias al militantismo político subalterno, ajenas a quien debe asumirse como guardián de la ley, la desnudan a cuerpo entero. Indican, una vez más, que Aponte Aponte no miente cuando confiesa sobre las relaciones habidas entre ambos.
El asunto desdoroso no es el carcelazo que le propina al defensor de la juez Afiuni la propia Fiscal, por negarse a estar presente éste en un acto judicial donde otro de sus defendidos se encuentra ausente. Lo inaudito, a la vez que confirmación de la Justicia de conciliábulo que administra la dictadura electiva que nos tiene por presa a los venezolanos, es lo que afirma Luisa Ortega Díaz, a saber, que sin ánimo de profeta sabe que la juez ante la que se niega concurrir el abogado Graterol condenaría al cliente de ésta.
Son estas cosas, justamente, las que constan desde ahora en el voluminoso expediente que permitirá sustanciar las responsabilidades penales individuales de quienes, al márgen del interés nacional traicionaron a la democracia y al Estado de Derecho a objeto de fraguar el Estado mafioso que muere de mengua bajo cuidado de la medicina cubana. Y lo peor es que no tienen cara para demandar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vele por sus derechos inalienables al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en la hora nona y de la agonía. !Pobre Luisa Estela!
