Durante las Cuentas Parlamentarias que realiza la Fracción de la Unidad todos los jueves, el diputado Eduardo Gómez Sigala denunció que con la Ley Antimonopolio, el Gobierno pretende el control del aparato productivo. «Esta ley parece más bien una promoción del monopolio, pero del Estado, porque en su texto se facilitan las expropiaciones como herramienta de sanción, y no como medida extraordinaria, como es su origen», explicó.
Asimismo, refirió que dicho instrumento desincentiva cualquier actividad productiva en el país, pero promueve el negocio de las importaciones, que es donde está la corrupción.
«Las pretensiones del Gobierno estarían dirigidas a la afectación de empresas eficientes para que pasaran a estar manejadas por el Estado y así cualquier acto de corrupción no sería sancionado, por estar excluido de todas las nuevas legislaciones y el negocio seguiría siendo el de las importaciones», remarcó.
El parlamentario larense advirtió que la citada ley, así como la de control de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial pretenden restringir al sector productivo y privado, al utilizar elementos para afectar e intervenir empresas, regularlas, creando superintendencias, que son las que definen los márgenes de ganancia, los niveles de producción y los de distribución.
«Además, la Ley Antimonopolio tiene un alto contenido ideológico lo que ha pasado a ser una política recurrente en las más recientes legislaciones aprobadas por la Asamblea Nacional», apuntó tras insistir que lo que se pretende es dar un blindaje ideológico frente al cambio en la conducción del país.
«La Ley Antimonopolio va contra la eficiencia porque facilita el proceso de intervención o despojo de estas empresas. No se trata del tamaño, se trata de la actividad y ni siquiera de los métodos de competencia, porque aquí tenemos muchos casos con la desaparición de más de 7 mil industrias. Hay empresas que quedaron en condición de ser monopolio en el mercado y son medianas o pequeñas y solamente esa circunstancia permite que la Superintendencia defina la intervención y la afectación y después el que pase a ser una empresa del Estado», comentó el diputado de la Unidad.
Al respecto, indicó que una vez que la empresa pasa a ser del Estado ya deja de estar sujeta a la ley y por lo tanto, puede estar sujeta a cualquier atropello y a cualquier barbaridad.
Por último, Gómez Sigala sostuvo que con la eventual aplicación de la Ley Antimonopolio no se beneficia al consumidor, quien recibe al final el impacto por la escasez de productos.
