Al menos unos 600 mil bolívares fuertes del patrimonio de la Alcaldía del municipio Morán habrían sido invertidos para el pago de cotizaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de 10 funcionarios de esa institución, y tres concejales, por años en los cuales no trabajaban para la institución ni ejercían cargo de elección popular.
El diputado a la Asamblea Nacional, Andrés Avelino Álvarez, señaló que luego de una exhaustiva investigación se detectó que el pago irregular de las cotizaciones se hizo desde el año 1998. El punto en común de los funcionarios señalados, ser familiares de miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Los concejales acusados por el diputado son el presidente de la Cámara Municipal, Félix Ramón Linares; el vicepresidente, Freddy Guella López, y el concejal Ramón Segundo Pérez, a quienes también se les cancelaron cotizaciones semanales ante el Seguro Social por un tiempo mayor al que tienen en el Poder Público. En el caso de Pérez, sus cotizaciones son por concepto del Ministerio de Educación, donde el funcionario nunca trabajó.
«Esto constituye una violación flagrante a la Ley de Emolumentos, ya que a los concejales electos por el voto popular, se les permite el ingreso al Seguro Social a partir de enero de 2011, cuando fueron elegidos y no por iniciativa del alcalde Fidel Palma», dijo.
A juicio del diputado, el dinero invertido de forma irregular debió ir a los funcionarios jubilados y pensionados del gobierno municipal morandino, «para la gente que ha trabajado con sacrificio durante toda su vida».
La denuncia ya fue consignada ante la Contraloría General de la República, sin embargo, el diputado se presentará ante la Fiscalía del Ministerio Público a objeto de solicitar una acción penal contra el alcalde Fidel Palma. También acudirá a la Comisión de Contraloría del Parlamento, a los fines de probar la voluntad de su colega, el diputado Pedro Carreño, para investigar los hechos de corrupción que se producen en el estado sin importar por quién sean cometidos.
Por último, el diputado manifestó su rotundo rechazo «a la forma corrupta de actuar de actuar de estos representantes del pueblo, quienes se jactan de decir que les duelen los más pobres y resulta que abusan de sus funciones para obtener beneficios personales, restando posibilidades de que se le otorgue la pensión a quienes han cumplido sus años de servicio»
Basamento
Según los artículos 19 y 31 de la Ley de Emolumentos, están prohibidos los ingresos adicionales para los funcionarios públicos y se limitan los pagos de beneficios sociales a funcionarios electos mediante el voto popular. La violación de estos estatutos acarrea sanción por parte del Contraloría General de la República.
En otros instrumentos como la Ley Contra la Corrupción y la Ley Orgánica de Contraloría también se penalizan las acciones por las cuales se acusa a Palma.
Foto: Elías Rodríguez
