Todos los factores que integran la Mesa de la Unidad Democrática en Lara, manifestaron este domingo su rechazo al uso de los organismos del Estado como «tribunales de inquisición». Así ven la investigación que desde la Asamblea Nacional se sigue al gobernador Henri Falcón a través de la Comisión de Contraloría, presidida por el diputado Pedro Carreño.
«Se está persiguiendo por razones de orden político y para ello se están utilizando los resortes del aparato judicial venezolano en contra de la disidencia política con el propósito de generar miedo y terror en el país. Además de no tener autoridad por ser un corrupto, Pedro Carreño está realizando el trabajo sucio tal cual un Pedro Estrada del régimen dictatorial perezjimenista, convirtiendo la comisión que preside en un organismo policial más», dijo el diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios.
Aun cuando asegura que es propio de la democracia la investigación de las denuncias sobre hechos irregulares en la administración pública, sea quien sea el autor de estos, Palacios considera que tal como se han dados las averiguaciones contra el mandatario regional, no quedan dudas de que se trata de acciones de orden político-electoral «que no responden al interés de luchar contra la corrupción sino el de perseguir la disidencia al Gobierno nacional».
En la coalición democrática se preguntan por qué es ahora -a seis meses de las elecciones regionales- cuando se impulsan las averiguaciones por supuestas irregularidades cometidas hasta hace tres años, cuando militaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela, además de existir denuncias interpuestas por los factores de la MUD.
«Nuestra respuesta es que no podemos avalar la judicialización de la política, y menos la utilización de los resortes del poder para sacar del juego a los candidatos unitarios, tampoco cuando Henri Falcón está presentando ante la opinión pública documentos y pruebas que evidencian el haber cumplido con los requisitos administrativos en su gestión», dijo Palacios.
La MUD también repudió la implicación de la Contraloría del estado Lara en los supuestos delitos administrativos, hecho que consideran como un castigo a la contralora Alix Bonilla, «por no prestarse a las maniobras políticas del PSUV».
Estas razones conducen a los integrantes de la Mesa Unitaria a considerar que en la investigación de los parlamentarios priva el deseo de sacar al mandatario de la Gobernación.
Foto: Cortesía MUD
