Uno de los artículos que establece la Ley de Desarme y Control de Municiones, contempla entre 18 y 22 años de cárcel para aquel funcionario civil o militar que trafique con armas de fuego y municiones en los centros carcelarios, así lo informó el diputado socialista ante la Asamblea Nacional Freddy Bernal.
«Como lo que está en juego es la preservación de la vida y la dignidad humana hay que ser extremadamente severos en la aplicación de la sanción», expresó Bernal.
Con esta medida se busca que el funcionario que incurra en ese «delito no reciba una medida cautelar y no se burle la autoridad», agregó.