Los esfuerzos que han venido haciendo las empresas privadas que aún subsisten, en forma general y los distintos organismos sectoriales, para mantener sus actividades, no conducirán a ninguna parte, mientras el Gobierno y su brazo ejecutor que es la Asamblea Nacional, continúen aprobando instrumentos legales en forma improvisada, que no tienen otro objetivo que lograr el «exterminio» de la actividad empresarial, como bien lo señalaba Vicente Brito, ex presidente de Fedecámaras.
De nada han servido los reclamos para que se cumpla lo establecido en la Constitución, en cuanto al derecho de participación formulados por Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, Cámara de la Construcción, Cámara Inmobiliaria, Fedenaga, Fedeagro. En todos los tonos han expresado su inquietud por la forma precipitada e inconsulta en que se han aprobado todas las últimas leyes, desatendiendo las sugerencias y recomendaciones, tal como se ha comprobado luego de que las normas son sancionadas y puestas en vigencia.
Se ha puesto en evidencia que las múltiples iniciativas legales que han venido impactando negativamente a la empresa privada venezolana, están caracterizadas por la discrecionalidad de un Estado interventor que busca controlarlo todo. Los cambios, en su gran mayoría han tenido como bandera la protección del pueblo por parte de la revolución, pero en el fondo el Estado está utilizando al soberano para lograr otros fines.
De no producirse ningún cambio, en el mediano plazo, a este paso el Gobierno desmontará todo el aparato productivo privado, con funestas y previsibles consecuencias sobre el empleo, los salarios y la productividad de la economía en general.
La estrategia que han venido aplicando quienes dirigen el proceso, tiene un norte definido, muchas de ellas buscan la protección de los trabajadores, pero la mayoría de ellas afectan a la empresa privada, incluso exceptúan abiertamente al Estado, con la paradoja de que la empresa privada siempre ha sido el mayor empleador que hay en el país.
Se ha denunciado que la profundización de este cerco en contra del sector privado, el cual cada día se cierra con la aplicación de nuevas leyes, se debe a que el alto gobierno lo responsabiliza por los efectos inflacionarios de las medidas tomadas por el propio Ejecutivo, llegando incluso a perseguir a las empresas que se han visto obligadas a modificar sus precios, cuando las empresas del Estado, ya han realizado incremento que en algunos casos van entre el 35% y el 100%, siendo el mejor ejemplo el de las empresas básicas de Guayana y las empresas petroquímicas dependientes de Pdvsa.
Entre las normas que han venido afectando al parque empresarial del país, al extremo de haber cerrado en una década más de 170.000 empresas y perdido más de 400.000 puestos de trabajo destacan, entre otros, el Decreto de Inamovilidad Laboral, Decretos anuales de salario mínimo, Ley de Alimentación del Trabajador, Ley Orgánica de Protección de las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, Decreto de Solvencia Laboral, instrumentos que se han convertido en severos obstáculos para el desarrollo de las empresas.
Las leyes más negativas
Sin embargo, ha sido entre mediados del 2011 y lo que va del 2012, cuando se han aprobado leyes que prácticamente han decretado el cierre de algunas empresas, mientras que otras han tenido que recurrir al endeudamiento para poder subsistir, afectando a diversos sectores del aparato productivo venezolano.
Esta norma ha resultado un «golpe bajo» para la empresa privada, ha sido la Ley de Costos y Precios Justos, aplicada en principio a unos 19 productos de consumo masivo, pero que en el camino se ha anunciado que progresivamente se incorporarán otros, instrumento que pretende controlar no solamente las estructuras de costos de las empresas, sino también sus márgenes de rentabilidad.
De allí que además del rechazo y los cuestionamientos públicos, por considerar que esta normativa cercena las libertades económicas y la potestad de los consumidores de decidir lo que quieren adquirir, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, introdujo una solicitud de nulidad de este instrumento ante el Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo se advierte que mucho más allá de la confusión generada por esta nueva ley, en el fondo lo que se está haciendo es reeditar un nuevo mecanismo de control de precios, al cual ya hemos estado acostumbrados en los últimos ocho años, de forma cuasi masiva, calculados de una forma distinta a lo que fue en el pasado.
A la industria de la construcción y al sector inmobiliario, se les ha golpeado severamente con la aprobación de la Eliminación de la Ley de las viviendas por la inflación, la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, con la Ley de Arrendamiento Inmobiliario y actualmente se estudia en la AN, una Ley para regular los alquileres de los locales comerciales, normas que virtualmente han hecho desaparecer el mercado de viviendas para alquiler y ha reducido las ventas de viviendas en más de un 50% hasta estos momentos.
Pero la estocada final contra la empresa privada, la acaba de dar el Jefe del Estado, con la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, para los Trabajadores y Trabajadoras, cuyo articulado establece tal cúmulo de beneficios y protecciones para el trabajador, que han colocado al sector empleador en la mayor indefensión, pero esto requiere un trabajo aparte.
Ilustración: Dalver Santeliz
