Luego de las recientes declaraciones del Presidente de la República de una posible reforma del Copp mediante Ley Habilitante, el integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Seguridad de la MUD, Jorge Rosell, señaló que la fortaleza de una democracia es la división de los Poderes, pero «actualmente el Poder Judicial perdió toda autonomía ante el Poder Ejecutivo, o mejor dicho, ante la figura autocrática del Presidente».
Muestra de ello, son los casos ‘patéticos’ de los Magistrados, Eladio Aponte Aponte y Luis Valázquez Alvaray. También lo es la situación de los Comisarios, cuya sentencia debía ser juzgada con escabinos, pero fue decidida por un ‘obediente’ juez en tribunal unipersonal. El caso de «Mazuco» igual.
Sin embargo, el caso paradigmático es el del Diputado Pilieri de Yaracuy, a quien en dos juicios con escabinos fue absuelto, pero las sentencias no fueron ejecutadas por «trampas judiciales». «Ahora, el caso es procesado en Caracas por un tribunal sin escabinos para así asegurar la condenatoria. Es decir, «allanan la posibilidad del oficialismo para hacer lo que les venga en ganas en el ámbito judicial, pues representa un estorbo» precisó Rosell.
Quien fuera corredactor del Código Procesal Penal, indicó que ya van cinco reformas en trece años, «No entendemos por qué éste régimen que pregona su preferencia por la participación popular, la «democracia directa», se opone a la participación ciudadana en la administración de justicia».
El vocero de la Unidad añadió, «el Presidente de la República no está facultado para realizar esta reforma a través de la Ley Habilitante, es asunto exclusivo del Poder Legislativo, de la Asamblea Nacional, por tratarse de materia penal. Legislar mediante decreto sobre materia penal y específicamente eliminar garantías procesales o escabinado, es un despropósito».
«En cualquier democracia en donde funcione la división y autonomía de los Poderes Públicos se podría pedir la nulidad de ese acto del Ejecutivo, pero aquí eso es imposible ante la actuación cómplice de todos estos desaguisados, por parte del Tribunal Supremo de Justicia», acotó el integrante de la Comisión de Seguridad de la Alianza Democrática.
Rosell concluyó que el derecho de los venezolanos está siendo arrebatado mediante esta reforma, debe ser un tribunal mixto quien juzgue, no uno presidido por un juez «nariceado» por directrices oficialistas. No obstante, existe una salida democrática, la tenemos en las elecciones del 7 de octubre con el candidato de la Unidad, Henrique Capriles Radonski
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