Tal vez la afirmación «el problema carcelario es multifactorial» parezca trillada, sin embargo es muy cierta, lo digo con conocimiento de causa puesto que me desempeñé como defensora pública por diez años, y parte de ese período fue para conocer de casos exclusivamente de penados (condenados penalmente). Durante el ejercicio de mi función acometí una investigación sobre el problema carcelario puesto que en «Uribana» se presentaron horrendos hechos como la masacre ocurrida en el año 2007, innumerables huelgas de hambre, de sangre, autosecuestros de familiares, entre muchos otros.
En Venezuela la parte penitenciaria incumbe a tres poderes públicos que son a) Poder Judicial, por ser los jueces parte de éste, b) Poder Ejecutivo (es decir la administración pública) a través del Ministerio de Interior y Justicia, anteriormente y ahora al Ministerio para el Servicio Penitenciario, por establecer las políticas penitenciarias para el funcionamiento de las cárceles, la custodia intramuros, los traslados, las Dirección de Rehabilitación del recluso y la Dirección de reinserción y rehabilitación (Unidad de apoyo al Sistema penitenciario UTASP), c) Poder Ciudadano en cuanto a los fiscales del Ministerio Público y a los Defensores del Pueblo (Defensoría del Pueblo), también le incumbe a la Guardia Nacional, pues se encarga del resguardo exterior de los Centros de reclusión. ¿Se dan cuenta de cuántos entes tienen incidencia directa en la proporción de este problema? De ese análisis se extrajeron las siguientes categorías: 1.- Falta de clasificación de la población penal, pues conviven penados con condenados y adolescentes infractores que alcanzaron la mayoría de edad privados de libertad que son trasladados de los centros reeducativos a centros de reclusión de adultos, en abierta violación a pactos internacionales sobre derechos humanos que fueron incorporados al nuestro derecho interno. 2.- Retardo Procesal, los lapsos que prescribe el Copp no son cumplidos, pues son más los diferimientos que las audiencias o juicios realizados. 3.- Ingreso de armas y drogas. 4.- La precalificación que dan los fiscales del Ministerio Público. Todo esto acarrea Hacinamiento, violencia carcelaria y enfermedades. Así las cosas es fácil entender que para solucionar este grave problema es necesario contar con funcionarios públicos con las credenciales, capacitación y experiencia que les hagan competentes para cada uno de los cargos del servicio público que se trate. Además de imbricar la política penitenciaria incluyendo a cada uno de los factores que les incumbe directa o indirectamente. Vale decir que la población penal es el reflejo de una sociedad enferma, en donde estos ciudadanos viven un verdadero infierno en el que se les niega todo, desde su dignidad humana en adelante. Así nadie se resocializa. Hago un llamado a la sensibilización sobre este problema, pues a todos nos debería importar.
