Un ex juez de la Corte Suprema de Venezuela, quien huyó del país el mes pasado, está cooperando con una unidad de élite de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos concentrada en la búsqueda de los principales traficantes internacionales, según fuentes familiarizadas con el caso.
El testimonio de Eladio Aponte podría allanar el camino para imputar cargos contra aliados del presidente Hugo Chávez. Y ello pondría en apuros al líder socialista y ayudaría a Washington a referirse a él como mandamás de una nación paria.
Aponte es uno de seis testigos especiales que cooperan con la DEA en una investigación sobre los presuntos vínculos del Gobierno venezolano con el tráfico de drogas, dijo un ex funcionario estadounidense conocedor del tema.
El caso está siendo tratado por el Grupo 959, una unidad de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), según fuentes con conocimiento directo del caso.
David Tinsley, un funcionario retirado de la DEA que ahora dirige su propia agencia privada de inteligencia, dijo que el Grupo 959 sólo se podía involucrar en el caso de Aponte si el Gobierno sentía que el ex juez podía ofrecer evidencias poderosas.
«En las manos del 959, él será una herramienta muy efectiva», dijo Tinsley. «Ellos (la división) saben a quién persiguen y por qué», sostuvo.
El Grupo 959 ha manejado investigaciones fundamentales desde Colombia hasta Afganistán.
Estas incluyen la formulación de cargos llevada a cabo en el 2006 contra la cúpula y 43 comandantes de la guerrilla colombiana de las FARC por manejar una red responsable del 60 por ciento de la cocaína que circula en las calles estadounidenses, según ex agentes de la DEA.
Tráfico de drogas
Si el Gobierno de Estados Unidos presenta cargos contra altos funcionarios venezolanos, haría eco de la acusación efectuada en 1988 contra el líder panameño Manuel Noriega y algunos de sus aliados por tráfico de drogas y lavado de dinero.
El Gobierno de Chávez ha negado rotundamente las acusaciones en su contra de parte de funcionarios de Estados Unidos y ahora de Aponte.
Es poco probable que el escándalo afecte la campaña reeleccionista de Chávez -quien en octubre tentará un nuevo mandato- que dependerá en gran medida de su recuperación de un cáncer.
Sin embargo, ha provocado una renovada atención sobre las acusaciones que aseguran que el mandatario ha permitido un incremento del tráfico de drogas en Venezuela.
Aponte dijo en abril en una entrevista con SOiTV, un canal de televisión por Internet de Miami, que los aliados de Chávez rutinariamente manipulan el sistema judicial, y acusó a altos funcionarios de participar en el tráfico de drogas.
El ex juez venezolano dijo que recibió la orden de liberar a un oficial del ejército que sería parte del círculo íntimo de Chávez y que había sido detenido por presuntamente participar en el contrabando de dos toneladas de cocaína.
Las acusaciones de Aponte fueron rápidamente respaldas por Luis Velásquez, otro ex juez, quien abandonó Venezuela en el 2006 en medio de una disputa con los aliados de Chávez.
Velásquez dijo que el sistema judicial venezolano y los círculos militares han sido penetrados por el narcotráfico.
Aponte fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo cargos de ayudar a Walid Makled, un empresario sindicado como uno de los mayores narcotraficantes de la región.
El juez voló a Costa Rica donde se puso en contacto con agentes de la DEA antes de llegar a Estados Unidos a mediados de abril en un avión pagado por el gobierno estadounidense.
