Al ser consultado sobre el carácter ideológico del actual Gobierno, el profesor e investigador universitario, José Machillanda, no duda en explicar que el presidente Hugo Chávez se vale del postmarxismo para llevar adelante su gobierno. Una doctrina que se construye alrededor de la generación de conflicto en la sociedad, en lugar de la lucha de clases como una vez propuso Carlos Marx.
El especialista describe a la doctrina como la formadora de una sociedad donde se vive en una relación permanente de desencuentros, con el objetivo de que los ciudadanos están alterados, incapaces de vivir en paz y armonía, o lograr el equilibrio necesario para generar procesos de crecimiento, desarrollo y mejora de la sociedad. «Esta ha sido la característica del sistema autocrático del presidente Hugo Chávez, que tiene su mayor rasgo en el uso irresponsable del componente militar, utilizado en la defensa de su gobierno y apoyo a una supuesta relación con la sociedad que obedece a un acto de populismo», explica el también especialista en temas militares.
– Las denuncias y acusaciones sobre la implicación de generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el narcotráfico, realizadas por los exmagistrados del TSJ Eladio Aponte y Luis Velásquez Alvaray, pesan ¿Cómo queda la imagen de este componente del Estado?
– El pronunciamiento de Aponte, y lo digo así porque reveló, acusó y confesó; es una verificación de lo que viene sucediendo desde hace ocho años, señalando la vinculación estrecha y contundente del tráfico de drogas con el elemento militar. Esta revelación, que también se suma días después Velásquez Alvaray, lo que hace es dejarle claro al mundo y a la sociedad venezolana que en la cúpula militar claudicante -es decir, la que ha entendido que sirve al gobierno y no al Estado- tiene una vinculación con los carteles colombianos, ante los cuales Venezuela ahora actúa como un almacén o alacena de droga, para ser reenviados a otros importantes mercados como Estados Unidos o Europa. Esta circunstancia genera una situación complicada y comprometida para los militares, que han venido siendo «desprofesionalizados» por una pretensión ideológica del presidente Hugo Chávez, lo cual genera un enfrentamiento entre quienes se resisten a seguir la política y aquellos que siguen al presidente.
– ¿Porqué no se produce una actuación de parte de quienes se resisten? ¿Se espera algún momento clave, como las elecciones de octubre, por ejemplo?
– La respuesta de las Fuerzas Armadas el siete de octubre dependerá de dos elementos importantes: el liderazgo político emergente de la oposición, encabezado por el señor Henrique Capriles, y que el discurso político-militar que el candidato presidencial sea capaz de transmitirle al componente militar, como responsabilidad futura de un Comandante en Jefe, para que sepa y pueda decirles cuál será su papel y estructura, además de cómo será su funcionamiento y su vinculación con la polemología (ciencia de la guerra) y no con la política. En estos momentos, emitir cualquier criterio o concepto sobre la posible respuesta del estamento militar es simplemente una especulación.
– ¿Es necesaria una depuración de la FANB?
– Indiscutiblemente. Hoy está planteado a lo interno de ese componente no una depuración, ni una reorganización o reingeniería, sino una obligatoria reconsideración de todo el estamento militar venezolano. Eso quiere decir: definir en un marco filosófico estratégico el elemento militar, de tierra, aire o mar, y la Policía Militar; para que sea capaz de ejercer la defensa de Venezuela dentro del mosaico estratégico regional. Tendrá que hacerse de acuerdo con la ecuación donde se conjugan los elementos comando, comunicaciones y cibernética, para hacer acciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, para que con ello pueda cumplir con la función de defensa del Estado venezolano de manera exitosa.
-¿Y el vehículo para todo ello sería la profesionalización de los militares?
– Por supuesto. El elemento militar ha venido experimentando progresivamente un proceso de desprofesionalización, es decir, dejó de perder su característica, su formato, su estructura, doctrina y funcionamiento alrededor de la defensa de la nación, se apartó de la polemología, la estrategia y el principio operativo se hizo menor que el administrativo. Hoy tenemos una fuerza fundamentalmente administrativa y groseramente utilizada de manera inmoral por el poder político, con una cúpula que acepta desgraciadamente el uso del elemento fuerza en funciones que son contrarias a las responsabilidades que están establecidas en los artículos 328, 329 y 330 de la Constitución Nacional. Hay un grupo de almirantes y generales que deberán ser enjuiciados ante la República por haber permitido la violación consuetudinaria de la Carta Magna.
– Aunque sea una especulación hablar de una respuesta militar en el caso de que las elecciones no favorezcan al presidente Chávez, el temor se mantiene en algunos sectores sobre lo que pudieran hacer aquellos oficiales, quienes constantemente se declaran leales al mandatario.
– Absolutamente, porque lo que se aprecia en estos momentos es lo que se llama una amenaza del elemento militar al proceso electoral. Debe decirse que en estos momentos un grupo de generales, almirantes y otros oficiales superiores, encabezados por el ministro de la Defensa y comandante del Comando Unificado de la FAN (Henry Rangel Silva), se han dado a la tarea política de emitir criterios, juicios y conceptos referentes a los resultados de las elecciones de octubre. Eso primero es inmoral, segundo es una intervención, y tercero es una falta de ética hacer declaraciones persistentes, adulantes y rastreras hacia el proceso que lidera un señor teniente coronel Chávez, quien además de ser un mal militar es vulgar como político. Esos militares que se han atrevido a tener esa conducta amenazante son quienes han creado una atmósfera de temor. Frente a ello, los ciudadanos debemos tener una respuesta absolutamente clara: exigir el respeto a la Constitución y, en consecuencia, practicar la resistencia civil como una expresión colectiva y pacífica, para reclamar que sean respetadas las decisiones a tomar el 7 de octubre.
Fotos: Jairo Nieto